Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), se denunció la grave condición de prisiones improvisadas en las estaciones de Policía y las URI en Cúcuta, debido al hacinamiento en la cárcel Modelo.

Confiamos en que no sea necesario esperar un pronunciamiento del organismo continental para que el Estado decida tomar medidas con el fin de descongestionar los centros de reclusión transitorios que, a diciembre del año pasado, registraban un desbordamiento de internos equivalente al 427% en la ciudad.

La Personería Municipal, en el documento enviado a la CIDH, describió que hasta finales del año pasado, 684 personas privadas de la libertad se encontraban en instalaciones provisionales con capacidad para 141 personas.

Se ha llegado a tener pequeñas celdas repletas de reclusos y a policías ejerciendo el papel de ‘carceleros’, lo cual no les corresponde, debido al crecimiento continuo de la población carcelaria, superando la capacidad instalada actual.

En el caso de la capital de Norte de Santander, el penal acumula un hacinamiento del 80% y alberga a cerca de 4,000 internos en sus instalaciones.

En medio de todo esto, se ha mencionado que la administración municipal enviará a la Modelo a 419 detenidos de Cúcuta que están en celdas de la Policía, para lo cual se firmaría un convenio por $1,000 millones. Sin embargo, persiste la necesidad de una inversión significativa para ampliar las instalaciones de la cárcel actual y procurar la descongestión.

Es urgente tomar medidas, ya que una cárcel hacinada contribuye a generar un foco de inseguridad que ha comenzado a mostrar su alta peligrosidad. Organizaciones delincuenciales que se han fortalecido en el interior de la cárcel han pasado de la amenaza a la acción contra miembros de la guardia penitenciaria.

Operativos especiales en búsqueda de armas, incluyendo el traslado de líderes criminales y delincuentes peligrosos, no deben descartarse para desmontar las organizaciones que se han fortalecido en las cárceles y aplicar restricciones más severas.

Colombia ya ha visto lo ocurrido en Venezuela y Ecuador, donde poderosas organizaciones montaron imperios en las prisiones; es urgente desmontar esto en el país y la región para evitar peores desenlaces. Por eso hay que tomar ejemplo del vecino.

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa presentó diseños para construir ‘cárceles de alta seguridad’ en las provincias de Pastaza y Santa Elena, instalaciones que incorporarán medidas para enfrentar la problemática del control mafioso, mediante la inhibición de señal celular, sistemas electrónicos avanzados, control de acceso digital y analógico, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostros, y cumplirán con licencias y permisos ambientales.

Aprovechando la reciente declaración de emergencia carcelaria, es crucial cortar todo acceso a las comunicaciones a los jefes de bandas criminales que violan el Código Penal desde las celdas y amenazan y extorsionan a sus víctimas en Cúcuta y otras zonas del país, enviándolos a prisiones de alta seguridad.

En el caso nortesantandereano, las autoridades penitenciarias deben revisar la permisividad y ‘libertad’ de ciertos condenados por diferentes delitos, quienes desde centros carcelarios en otras partes del país, siguen dirigiendo el microtráfico, el homicidio y la extorsión en las calles de Cúcuta y el área metropolitana.

La solución al problema carcelario no debe descartar la aplicación de modelos como el de El Salvador, ajustado a las necesidades propias de la situación colombiana, donde imperen la autoridad y la justicia tras esos muros, y la educación y resocialización sean opciones para la población carcelaria. 

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