Como si ya no fuera suficiente con la inseguridad y la alteración del orden público que están desbordados en numerosas regiones del país, aparece un procedimiento cargado de corrupción que llegó a favorecer a peligrosos criminales para que vayan armados sin ninguna complicación legal.

Hay tres representantes legales de empresas de seguridad privada que fueron capturados al descubrirse un entramado mediante el cual les entregaban carnés a delincuentes de la talla de Terror, Pichi Belén, El Caballista  o Pájaro,  todos vinculados a bandas criminales como el Clan del Golfo, La Oficina, entre otras.

Es tan delicado lo descubierto, que ellos eran mostrados como si fueran escoltas, razón por la cual tenían la autorización para portar las armas que presuntamente requerían para llevar a cabo su labor cubierta por esa documentación falsa.

Esto es algo de la mayor gravedad y amerita, por los riesgos que representa, una ejemplar condena contra los implicados en esta clase de acción fraudulenta que generaba mayores niveles de inseguridad en los territorios en que tenían su red de acción estos reconocidos delincuentes.

Es que no se trata de cualquier persona a la que se estaba favoreciendo con la entrega de esa clase de documentos, no. Eran de una peligrosidad extrema para la sociedad y la seguridad del país, como es el caso de Terror quien manejaba la estructura del Magdalena Medio del Clan del Golfo. Él, además, era hijo del exjefe paramilitar Ramón Isaza.

Un coronel y un capitán en retiro de la Policía se encuentran entre los responsables para permitirles a quienes tienen poderosos intereses criminales que transiten por Colombia sin que ninguna les moleste en cuanto a lo que tiene  que ver con las armas que llevan en su poder.

Hay  que decir que no es solo el porte del armamento, sino que quedan con la posibilidad de cometer sus acciones delincuenciales sin problema alguno, ejecutando homicidios, intimidando, amenazando a las comunidades, entre otros hechos irregulares, con ese amparo.

Por tal motivo, no estamos frente a un hecho ordinario sino ante una acción altamente generadora de violencia al permitirles a esta clase de personajes dedicados a delinquir que actúen a sus anchas y hagan de las suyas sin que nadie les pueda decir ni hacer nada porque los han carnetizado como si desarrollaran las labores legales de escoltas.

La Superintendencia de Seguridad tendría aquí una inmensa labor por desarrollar con el propósito de conjurar esta serie de hechos corruptos que finalmente se transforman en nuevos detonantes de una persistente violencia que golpea a muchas regiones colombianas.

En razón a ello, es necesario que desde el mismo Gobierno nacional se desarrollen efectivos controles para evitar esos riesgosos desvíos que les dan patentes de corso a peligrosos criminales para llevar su armamento. 

Pero además, es igualmente urgente que se conjure dicho problema, porque esa clase de maniobras lo que finalmente hacen es también poner en peligro a los escoltas que laboran con todas sus reglas, puesto que este tipo de hechos los pueden llegar a poner en la mira de las bandas.      

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