Después de conocerse la controversial decisión tomada en Ocaña, dos días antes de terminar el mandato del anterior alcalde Samir Casadiego, de contratar con el municipio de Neiva la actualización catastral, aparecieron diversidad de hechos que generan más inquietud y requerirían el accionar contundente de los organismos de justicia.

Al hacer un rastreo de prensa sobre la capital del Huila se encuentra que “Neiva tiene nueve años sin hacer la actualización catastral”, como lo señala una información del 6 de diciembre de 2023, es decir, 23 días antes de que se firmara el convenio.

¿Cómo así? ¡Ni siquiera allá han arreglado la casa en materia tan crucial y  sí van a venir a ordenar en tierras ocañeras todo lo relacionado con la gestoría catastral! Eso no tiene asidero de ninguna clase.

La comprobación de ese atraso en la entidad territorial que quiere venir desde tan lejos a hacer esa labor aquí, la reveló en  su momento  Angélica Lucía Penagos, directora de Gestión Catastral de Neiva: “Llevamos nueve años de rezago evaluatorio, es por ello que nosotros normativamente, debemos realizarlo en un periodo máximo de cinco  años, pero en este caso ya vamos a doblar ese tiempo”.

Pero hay algo más que también podría servir para intentar dejar sin piso jurídico  esa negociación de último minuto entre los exalcaldes Samir Casadiego (de Ocaña) y Gorky Muñoz Calderón (de Neiva).

Se trata de la solicitud de la Procuraduría General de la Nación a la Alcaldía de Neiva de suspender el convenio para aunar esfuerzos técnicos, financieros y operativos para el desarrollo  de la actualización, conservación, gestión y operación catastral entre ese municipio en virtud de su calidad de gestor catastral y la empresa ESIP.

Esta petición elevada por el organismo de control disciplinario el 15 de enero de este año, incluye estudiar la terminación de dicho contrato y la de abstenerse de hacer pagos, por cuanto implica una operación de crédito no autorizada por el Concejo de Neiva.

Esos líos y escándalos deberían convocar a los ocañeros, empezando por el Concejo, la actual administración, los gremios y las autoridades judiciales a emprender una cruzada para que se formulen las acciones respectivas para echar atrás la contratación  en tierras opitas situadas a 800 kilómetros de aquí.

Y en ese sentido hay que hacer valer  la región teniendo presente que perfectamente se hubiese podido solicitar que el catastro ocañero fuera modernizado por organizaciones y profesionales de Norte de Santander.

Por ejemplo, mediante la Resolución 1214 de 2021, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi habilitó a la Asociación de Municipios del Catatumbo y Sur del Cesar como gestor catastral.

De esa manera quedó habilitado en el país para desarrollar los procesos de actualización, conservación y difusión catastral.

Perfectamente la segunda ciudad de Norte de Santander habría tenido ahí una opción, por efectos de cercanía, cultura, idiosincrasia, dándole la oportunidad a una agrupación local de esa naturaleza, ‘bendecida’ por el mismo IGAC.

Y hay más. Hasta Cúcuta, que también cuenta con el título de gestor catastral, habría podido perfectamente llegar a desarrollar un convenio interadministrativo de esa naturaleza. ¿O será que no se lo dieron a la capital de Norte de Santander por dudas con el catastro multipropósito?

Si aquí en el departamento no hubiéramos tenido opciones como las señaladas, de lógica las razones y excusas podrían imponerse, pero ya serán la Procuraduría, la Contraloría y los tribunales de justicia quienes a la luz de la Constitución y las leyes tomen las acciones de rigor frente a un hecho que ha generado malestar entre los habitantes de Ocaña.

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