El presidente Gustavo Petro escribió que el contrato de Canal 1 ya terminó y que hay que hacer una nueva licitación. Eso no es cierto. El contrato que permite a Canal 1 operar va hasta el año 2037. No hay razones legales para decir lo contrario ni para abrir un concurso anticipado.

Lo que está en juego no es un simple trámite. Es la libertad de prensa en Colombia. La Constitución protege a los medios para que nadie desde el poder pueda callarlos ni presionarlos. 

En este caso hay que recordarle al jefe de  Estado que su posición no concuerda con el artículo 20 de la Carta Magna que “garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

También las libertades de prensa y de expresión están blindadas en tratados internacionales que Colombia ha firmado, como la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus artículos 13 y 14, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Canal 1 ha denunciado que el Gobierno nacional a través del Ministerio TIC y de la Superintendencia de Industria y Comercio lo ha venido acosando de manera sistemática. Primero, cuestionando acuerdos legales y transparentes. Después, cambiando de criterio sobre operaciones ya notificadas. Y en medio de todo, con declaraciones públicas del propio presidente que generan dudas sobre la continuidad de sus labores comunicativas.

Vale la pena preguntar: ¿a quién le conviene silenciar a Canal 1? ¿Para qué abrir un concurso cuando la concesión tiene fuerza legal hasta 2037? ¿Quién se beneficiaría con que se debilite un medio nacional de televisión abierta?

El presidente se define como un demócrata y un defensor de las libertades. Por eso, lo coherente sería cuidar la pluralidad de voces y no intentar limitarla. Ya bastante polémica hay con la forma en que RTVC, el canal público, se ha convertido en caja de resonancia del proyecto oficial. ¿También vamos a permitir que los canales privados pierdan su independencia?

Hay que rechazar todos estos intentos oficiales por silenciarlo que incluso pueden traerle a Colombia otra sucesión de problemas generados por la inseguridad jurídica producto de no respetar el principio de legalidad y los derechos adquiridos. El coletazo igualmente podría llegar a resentir el campo de las inversiones.

Lo que está ocurriendo, aparte de generar múltiples inquietudes, trae consigo el riesgo inminente de querer empezar a replicar en Colombia hechos que en Venezuela resquebrajaron la libertad informativa e impactaron la democracia, como lo fue por ejemplo el cierre de Radio Caracas Televisión durante el gobierno de Hugo Chávez. 

Este diario hace un llamado respetuoso: presidente Petro, recapacite. No hay democracia sin prensa libre. Y no se trata de un favor al Canal 1: se trata del derecho de todos los colombianos a informarse de manera diversa e independiente.

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