Colombia vuelve a revivir una de las páginas más oscuras de su historia reciente: la descertificación en la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. 

El presidente Gustavo Petro lo reveló en un Consejo de Ministros y el Departamento de Estado lo confirmó después. 

Han pasado casi tres décadas desde 1996 y 1997, cuando el gobierno de Bill Clinton castigó al país durante la administración de Ernesto Samper Pizano, golpeada por el 
escándalo del Proceso 8.000. Hoy, la historia parece repetirse, pero en un contexto aún 
más complejo.

La descertificación no es un gesto simbólico. Sus implicaciones son graves y múlti ples. En lo inmediato, significa restricciones para el acceso a cooperación internacional, especialmente en seguridad y defensa, y mayores dificultades para gestionar créditos y asistencia multilateral.

Pero en el mediano plazo abre un boquete en la relación bilateral con Washington, ya bastan te deteriorada por la confrontación discursiva del presidente Petro.

El país queda en riesgo de perder apoyos cruciales en inteligencia, entrenamiento y financiamiento de operaciones contra los carteles. En otras palabras: más droga en las calles, más armas en manos de las organizaciones criminales, más violencia en los territorios.

La descertificación es una señal inequívoca de desconfianza: Colombia, que durante años fue considerado el socio estratégico de Estados Unidos en la región, ahora es visto como un eslabón débil en la cadena global contra las drogas.

Tomemos en cuenta que las evidencias sobre una poco eficiente gestión en torno a la lucha antidrogas tiene como reflejo el más reciente informe de Naciones Unidas, según el cual en 2023 Colombia registraba un total de 253.000 hectáreas de hoja de coca, lo cual es equivalente al 67% de los cultivos ilícitos mundiales.

La comparación con el pasado es inevitable. En 1996 y 1997 la descertificación a Samper aisló a Colombia diplomáticamente y deterioró gravemente su economía. 

Hoy, en 2025, el riesgo es mayor porque el escenario internacional ha cambiado: Estados Unidos libra nuevas guerras, el crimen organizado está mucho más transnacionalizado, y Colombia aparece alineada políticamente con el eje de Nicolás Maduro en Venezuela. Una combinación explosiva que, lejos de fortalecer nuestra soberanía, nos aísla de los principales centros de poder.

El costo no será solo diplomático. Puede traducirse en menor inversión extranjera, deterioro de la cooperación judicial, menos recursos para pro gramas sociales y, sobre todo, en un aumento de la impunidad. El narcotráfico, en ausencia de presión internacional efectiva, se reacomoda y avanza. 

Colombia queda atrapada en un callejón peli groso: con menos colaboración de Washington, con tensiones crecientes en sus fronteras, con un discurso presidencial que justifica la cocaína como producto del capitalismo, y con una narrativa que lo acerca más a Caracas que a los aliados históricos de Occidente.

La pregunta es qué liderazgos emergerán para reconducir esta crisis. La descertificación no debe verse como un triunfo de la soberanía mal entendida, sino como una alerta roja sobre el rumbo del país. Porque lo que está en juego no es un documento diplomático: es la seguridad, la estabilidad y la vida de millones de colombianos.

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