La polémica por los bienes de las Farc que había llegado a su punto más crítico hace un par de meses, volvió a obtener relevancia ayer, tras la audiencia que realizó la Corte Constitucional para escuchar las posiciones de las partes que se han enfrentado en este asunto: por un lado el Fiscal general y el Procurador general, y por el otro, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero y el estamento gubernamental. 

El asunto tiene que ver con el decreto 903 de 2017, relacionado con las disposiciones que el Estado le dará a los bienes que las Farc recaudó durante más de 50 años de guerra y que ordena la creación de un fondo fiduciario al que van a ir a parar eso bienes que reporten las Farc. Según los acuerdos de La Habana,  estos bienes se destinarán para reparar a las víctimas; sin embargo, también serán destinados para los programas contemplados en el punto 3.2.2 del acuerdo, que trata sobre la reincorporación económica y social de las Farc y que incluye la creación de un centro de pensamiento de las Farc, que apoyaría su partido político y que entraría a financiarse con ese dinero. 

El punto crucial del asunto es que en el decreto 903 no se incluyó a la Fiscalía como entidad encargada de realizar la extinción de dominio de esos bienes que reporten las Farc, y que fueron obtenidos a todas luces de manera ilegal. 

Básicamente, la molestia del fiscal y del procurador radican en ese punto, pues para ellos, antes de que los bienes reportados pasen a hacer parte oficial del fondo fiduciario, deben pasar por un proceso de saneamiento, en otras palabras, por un proceso de legalización, para que puedan ingresar al inventario del Estado y ser manejados por este.  También se ha cuestionado que las Farc tengan injerencia alguna sobre esos recursos, teniendo en cuenta que el fondo que los maneje será gobernado por un consejo fiduciario y el director será nombrado por el gobierno, por sugerencia de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), en la cual tienen representación tanto el gobierno como las Farc.

Aunque se parte de la buena fe de que el Gobierno no tiene intención alguna en deslegitimar la labor de la Fiscalía ni en permitir que las Farc terminen, irónicamente, manejando los recursos que hicieron gracias a los secuestros, las extorsiones, el robo de tierras, entre otros delitos, este asunto debe manejarse con la mayor trasparencia. Y para ello, es necesario ser sumamente cuidadoso en quién o quiénes tendrán posibilidad de manejar esos recursos. 

Suena absurdo que conociendo la magnitud del daño que ese grupo armado le causó al pueblo colombiano durante más de medio siglo de violencia, el Gobierno se empeñe en limitar la función de extinción de dominio sobre dichos bienes, que a todas luces, son ilegales. 

Quizás  discusiones como estas, que sin duda acabapan la atención de todo el país, tienen mucho que ver con la gran desconfianza que aún tienen los colombianos en este proceso. 

Por que a veces, increíblemente, pareciera que el Gobierno está más del lado  que insiste en cumplirles a las Farc, por encima de garantizar el manejo adecuado de temas sensibles y delicados como este. 

Y el manejo adecuado no es otro que el apegado a la ley.