Será que los ministerios de Defensa y del Interior y las Fuerzas Militares se dieron cuenta de las alertas tempranas expedidas por la Defensoría del Pueblo sobre la delicada situación de orden público en varios municipios de Norte de Santander?

No fueron una sino dos las advertencias lanzadas por la entidad, en cuanto a los peligros que corren los habitantes de Ocaña, Ábrego, Río de Oro, González, Cáchira y La Esperanza, por el conflicto armado.

Sobre los cuatro primeros municipios el riesgo se relaciona con el desbordamiento de la guerra del Catatumbo por las alianzas entre estructuras armadas ilegales y el ingreso de grupos de carácter paramilitar como los Conquistadores de la Sierra en las dos últimas localidades.

No puede hacerse oídos sordos ni desatenderla porque las consecuencias también pueden resultar siendo catastróficas como las dejadas hasta el momento por el enfrentamiento entre el Eln y la disidencia de las Farc.

El temor de hoy es que se deje pasar el tiempo y no se haga nada como sucedió con la alerta temprana emitida a finales de 2024 sobre los riesgos que se cernían en la subregión del Catatumbo. Es muy grave lo que está sucediendo.

Es que todo lo advertido pone finalmente en riesgo al departamento y eleva los niveles de conflictividad con severos efectos sobre los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. ¿Cuándo van a convocar al Puesto de Mando Unificado (PMU) de emergencia para tratar las amenazas que se ciernen sobre todas esas municipalidades de Norte de Santander y del sur del Cesar? ¿Será que van a esperar que empiecen los ataques, los desplazamientos, confinamientos y amenazas? El Estado, viéndose en el espejo de lo ocurrido en el Catatumbo, es necesario que proceda a cambiar la estrategia y actuar con los planes de inteligencia militar y policial para golpear y desbaratar los intentos expansivos y de control territorial que pretenden adelantar las organizaciones criminales que están al acecho.

La urbanización de la violencia, como lo deja expuesto el organismo defensor de los derechos humanos implica un alto riesgo para la seguridad, la vida y la protección de los habitantes de diversos sectores de municipios como Ocaña y Ábrego.

Que ocurra eso en territorio ocañero constituirá un escenario de inestabilidad, zozobra, desplazamiento y revictimización porque precisamente esa localidad es una de las estaciones a la que arriban los desarraigados que huyen de la guerra que sigue desangrando a la tierra catatumbera desde mediados de enero del año pasado.

Entre los factores generadores de esa violencia incesante están el Eln –que no da el brazo a torcer en su accionar guerrerista- y la disidencia de las Farc –que ahora hace alianzas con Los Pelusos-, como lo planteó la Defensoría del Pueblo.

Las estructuras armadas no estatales citadas, con ese recrudecimiento y búsqueda de extensión de las acciones armadas, le están propinando otro golpe certero a la política de ‘Paz Total’, que en últimas podría dejar definitivamente en el congelador cualquier nuevo intento de diálogo o de avance, de seguirse generando más hostilidades hacia la población civil y de ataques contra la Fuerza Pública.

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