Hemos escuchado al presidente Gustavo Petro vanagloriarse porque en su gobierno el sector agropecuario está en crecimiento, hecho que se cae de su peso cuando encontramos a los arroceros cargados de pérdidas por $297.000 millones en el primer semestre y en el segundo periodo podría superar los $772.000 millones.

Entre los $2.500.000 y  $2.800.000 por hectárea cosechada son las cifras negativas que golpean a los productores del grano en departamentos como Norte de Santander, Huila, Tolima, Meta, Casanare, Arauca, Santander, Córdoba y Sucre.

Solo tomando la crisis que embarga a los cultivadores nortesantandereanos advertimos que 1.500 familias se encuentran afectadas porque los precios cayeron entre 20%y 30%, lo mismo que sufren los efectos del contrabando, las desbordadas importaciones y de las complicaciones generadas por los tratados de libre comercio que, Petro, cuando era candidato, prometió revisar.

De acuerdo con el Censo Nacional a Arrocero  en Norte de Santander hay 34.485 hectáreas cultivadas con una producción anual de 193.509 toneladas, ocupando el quinto lugar después de Casanare, Tolima, Meta y Huila.
Haciendo una lectura de los inconvenientes y de las peticiones, surge la evidencia de que no hay una sólida política pública gubernamental de carácter estructural para el sector agropecuario que cuente con los procedimientos generales y transversales para todos los actores que lo componen.

El esquema de un Estado apagafuegos para ir de aquí allá sofocando dificultades o protestas como ha ocurrido con los arroceros ratifica esa urgencia de contar con una planificación que trascienda lo inmediato y anticipe, prevenga, proyecte y defina, lo que en otras palabras equivale a descartar la improvisación.

Y mientras que Petro también se refiere con insistencia a la seguridad y  soberanía alimentaria, aquí se le está formando un escenario que las podría afectar, porque la oferta de arroz para el primer semestre del año entrante podría sufrir consecuencias a raíz de estos inconvenientes no resueltos y con tendencia a agravarse.

Este alimento es esencial en la dieta básica en donde más del 98% de los hogares lo consumieron en 2023, según la Federación Nacional de Arroceros, en tanto la Federación  Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya, el año pasado se consumieron tres millones de toneladas de arroz en el país.

Tres ministras ha tenido el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y su plan bandera no se ha consolidado, al tener ya el sol a las espaldas con un campo todavía sin una estrategia clara que cubra a todos sin sobresaltos, créditos de  fomento y sin inseguridad jurídica.

La confirmación de que hay más hechos negativos generados por la falta de acciones y gestiones de gobierno que terminan por ocasionar colapso aparece en el pliego de necesidades de los arroceros  como son el alto costo de los insumos agrícolas y el aumento en las tarifas por el uso del agua. Como la ‘Paz Total’ tampoco arrojó frutos y la seguridad está maltrecha, lógicamente la zona rural también sufre por los rigores del conflicto armado.

Medidas con fecha de vencimiento para subsanar la coyuntura serán las que surjan hasta la próxima protesta de los cultivadores porque los problemas y pérdidas seguirán apareciendo y multiplicándose como arroz mientras no se  produzcan planes gubernamentales estructurales.

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