El liderazgo social se encuentra en un momento crítico en materia de seguridad y de garantías para su vida y el desarrollo de sus actividades en Colombia, al estar puesto en la mirilla de los violentos.

Los ataques, intimidaciones y presiones en contra de defensores de los derechos humanos y de sectores poblacionales vulnerables, los dignatarios de juntas comunales, los líderes que buscan la protección del medio ambiente, voceros sindicales, veedores cívicos, entre otros, se convierten en un rompimiento del tejido social.

Cuando los grupos armados ilegales, las bandas criminales, los narcotraficantes y microtraficantes actúan de esa manera, su objetivo es desbaratar la unidad de las comunidades eliminando u obligando al desplazamiento forzado a sus líderes, para proceder a asumir el control social de los territorios.

Es una acción de alta gravedad puesto que conlleva la destrucción de la unidad mediante el miedo y así mediante de la individualización poder ejercer más fácilmente la coerción y el sometimiento de las comunidades, para que no se opongan ni contradigan los oscuros intereses de esas organizaciones.

Un reciente Informe Promesas Rotas del Sistema de Información del Programa Somos Defensores, expone que 2025 es un año “con mayor incidencia letal” contra las personas defensoras de derechos humanos durante el actual gobierno.

En ese lapso analizado se  confirmaron aumentos en los asesinatos de líderes en un 5%, los desplazamientos forzados un 64%, las desapariciones forzadas un 24%, los secuestros un 38%, las amenazas un 19% y los atentados un 16%. 

Y ahí apareció de nuevo Norte de Santander, con un señalamiento específico hacia Tibú como consecuencia lógica de la crisis humanitaria provocada por la guerra que se registra entre el Eln y la disidencia de las Farc, en el Catatumbo.

Por lo tanto, ahí se puede señalar a organizaciones que en el pasado estuvieron en  diálogos dentro del proceso de ‘Paz Total’ de constituirse en enemigos de los liderazgos sociales en las regiones al tenerlos como objetivos dentro de los procedimientos  de fuerza para imponerse.

Y si todos esos delitos dirigidos contra la vida y las libertades de quienes luchan porque esos derechos se respeten y profundicen,  a la administración nacional le corresponder admitir las fallas, revisarlas y ordenar que las medidas de protección sean revisadas y se hagan efectivas.

Es decir, a la UNP le atañe la obligación de cumplir el compromiso de construir la ruta para la transformación del modelo de protección de manera concertada con las plataformas de derechos humanos y las organizaciones sociales.

Pero igualmente hay que procurarse que la impunidad sea derrotada, puesto que como lo afirma el Programa Somos Defensores, “se  evidencia la ausencia de esclarecimiento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, puesto que  entre 2002 y septiembre de 2025 solo 11% de los 1.840 casos de víctimas de violencia letal cuentan con una sentencia condenatoria”.

Como se nota, para que haya una real mejoría hay que tener en cuenta muchas aristas, entre las que tampoco debe dejarse por fuera la advertencia de la organización que en su informe observó que en 2025 tuvieron lugar 15 judicializaciones de personas defensoras de derechos humanos, mediante usos indebidos del sistema penal que no se habían documentado en el 2024.

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