El profundo silencio oficial es el peor escenario cuando se pretende corregir problemas como los causados en la prestación de servicios públicos por particulares que, por razón de la desidia y la anomia combinadas en el gobierno, se hacen mucho más poderosos que el propio Estado.

El alcalde lo sabe, el Concejo y los órganos de poder, también: suministrarle agua a la comunidad que paga es una obligación de 24 horas al día, todos los días, todos los meses. No una decisión voluntaria de quien debe llevar el líquido hasta los hogares.

Sin embargo, nadie mueve un dedo para corregir lo que está sucediendo…

El alcalde, el Concejo y los órganos de poder saben también, que el contrato con el concesionario del servicio dice que el agua debe ser enteramente potable todos los días, y así la deben recibir todos los usuarios. No hay excepciones, no caben en una situación que es de la esencia de la vida.

Sin embargo, salvo una inquietud de la contralora local, expresada hace muy pocos días, ninguna otra autoridad se ha inquietado ante lo que está ocurriendo.

Y lo que pasa es que solo a muy pocos sectores parece que llega agua todos los días, y a algunas zonas, en especial las que están bajo el imperio de las pilas públicas, no llega agua potable. Por el contrario, siempre está contaminada, y los responsables, es decir Aguas Kpital y su fundación V & C (por Vergel y Castellanos, los apellidos de Hugo, el gerente de la primera entidad), parecen ser inmunes a la aplicación de las normas legales.
 
Es decir, a miles de hogares no llega agua de manera permanente (algunos la tienen si acaso dos días por semana) y en muchos, los más pobres de la ciudad, la calidad es pésima. Si no fuera por los tanques de almacenamiento, que se hacen obligatorios en Cúcuta, los problemas por falta de agua de los hogares serían graves.

¿Por qué el alcalde, por ejemplo, como cabeza del gobierno y responsable del bienestar de los cucuteños, no exige que se cumplan a cabalidad, sin excepciones y sin dilaciones, los contratos firmados con la empresa concesionaria, y se le exige la claridad necesaria respecto del papel que cumple V & C en materia de suministro de agua a los sectores más pobres, y algunos aspectos legales usados de mampara por quienes deben manejar con todo escrúpulo no solo lo relacionado con el objeto del contrato, sino con los dineros que manejan?

Ojalá cuando lo haga, si es que se atreve, también pregunte por qué todos en Cúcuta pueden cumplir con rigor lo ordenado por el manual de rupturas de calles, menos Aguas Kpital, que parece aspirar a ser una especie de supraestado intocable e inmune a las normas legales.

Porque se hace imperiosa la necesidad de saber por qué lo contratado parece ser ley para los usuarios, que deben pagar sí o sí en las fechas exactas, por servicios que no reciben como deben ser, y por el Municipio, pero no por los contratistas, tan sobrados que ni siquiera anuncian los cortes en los servicios que el Estado contrató.