Era lo mejor que se podía hacer con los 116 maestros del territorio PDET en Norte de Santander que estuvieron a punto de quedarse sin empleo. En estos momentos resultaba imposible añadirle un conflicto social adicional a la de por sí complicada situación del Catatumbo. Por eso, la reubicación fue la opción acertada.

Además, resulta reconfortante que el diálogo y no el choque, la discusión y no la confrontación y la concertación y no las demandas terminaran siendo los canales escogidos para evitar un desplazamiento laboral de maestros por efectos del cuestionado concurso docente fundamentado en el Decreto Ley 882 de 2017.

La situación estaba a punto de abrir una nueva ruta complicada, puesto que se venía advirtiendo que todo estaba listo para una ‘masacre laboral’, juego de palabras usado para indicar que toda esta cantidad de personas y otras más dedicadas a las labores educativas se iban a quedar sin trabajo.

Eso de por sí resultaba delicado porque esto afectaba a familias enteras que dependen de económicamente de ellos, asunto que indudablemente podría haber degenerado en un agravamiento de la crisis social en ese territorio.

Por fortuna, la administración departamental con el gobernador Silvano Serrano y la secretaria de Educación, Laura Cáceres Niño, mostró su disposición de escuchar y dialogar para encontrarles la solución a estos profesores que seguirán vinculados a la nómina oficial del magisterio. 

Con la insistencia que hoy todo lo que se haga en procura de ayudar a una región tan golpeada por el conflicto armado es la mejor acción para desactivar factores que empeoren la situación, en este punto resultó importante la articulación de la Gobernación con los sindicatos y los congresistas.

El diálogo sigue siendo el mejor mecanismo para superar los inconvenientes, que como en este aspecto facilitó que se hiciera la que se llamó ‘maratónica reorganización’ a la planta docente y de esa manera permitir que estos educadores continúen ejerciendo sus labores académicas.

Con ese sondeo, al encontrar  casos de retiros voluntarios, pensiones de invalidez y fallecimientos, se logró conseguir una tabla de salvación para estos educadores que tenían muchos años de estar laborando en el Catatumbo y que al no haber pasado el concurso se iban a quedar por fuera de la planta docentes y sin trabajo.

Para medir la trascendencia de lo sucedido, es importante precisar que entre los profesores que estaban a punto de ser sacados de la zona por no haber pasado el concurso del Decreto Ley 882, hay muchos que llevan más de veinte años enseñando en esa región de Norte de Santander.

Por eso se les escuchaba decir que no era justo por parte del Gobierno Nacional dejarlos  a un lado después de tantos años dedicados a esa población.

Con este asunto solucionado, ahora hay que avanzar en mejorar la cobertura y también en trabajar para que los profesores de la zona rural de Norte de Santander tengan la posibilidad de elevar sus conocimientos mediante cursos, seminarios y especializaciones, aprovechando la virtualidad a la que nos hemos ido acostumbrando por efecto de la pandemia y para que en el próximo concurso mejoren sus puntuaciones.

Las universidades del departamento tienen ahí una interesante labor de beneficio social para adelantar, con el fin de que se eleven los niveles de excelencia educativa.