La Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025, expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), autorizó el incremento del avalúo catastral en las zonas rurales de 527 municipios colombianos, de los cuales 23 corresponden a Norte de Santander.
Este asunto ha levantado ampolla y desatado protestas e inquietudes válidas entre las comunidades de las localidades en que se desarrolló dicho procedimiento.
Arboledas, Bochalema, Cácota, Chinácota, Chitagá, Cucutilla, Durania, El Zulia, Gramalote, Herrán, Labateca, La Esperanza, Lourdes, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, Santiago, Silos y Villa Caro, figuran por la región.
Luego de esto, tienen que hacerse algunas precisiones. Específicamente la principal, que esto no se trata de una actualización del predial, sino de la base que sirve para el cobro del citado tributo local.
Con esa claridad, la región tiene que esperar que de la anunciada reunión prevista en la Asamblea de Norte de Santander, a la que fue invitado el IGAC, surjan las conclusiones aclaratorias para las comunidades que se sienten afectadas por este procedimiento.
En el departamento hasta el momento se conocen las inquietudes de habitantes de Chitagá y Pamplona en torno a los impactos que a sus presupuestos familiares podría conllevar la actualización del avalúo catastral.
“No es la actualización en sí, sino cómo esos nuevos valores se están trasladando al predial”, es una de las consideraciones que se dejaron escuchar entre los propietarios de bienes raíces.
Aunque obviamente se necesita tener en cuenta a todas las partes, igualmente hay que precisarse muchas de las motivaciones para que se lleve a cabo dicho procedimiento.
La actualización catastral se aplica predio a predio, teniendo en cuenta el uso del suelo, es decir, teniendo en cuenta si corresponde a actividad habitacional, comercial o institucional, sobre las cuales se mueven parte de los nuevos valores del avalúo.
Por ejemplo, en la Ciudad Mitrada el número de predios pasó de 16.541 en 2025 a 19.975 en 2026, aspecto que representa un aumento de 3.434 unidades en la base catastral de ese municipio.
Dicha ampliación obedece a que en su mayoría antes eran lotes sobre los que posteriormente se construyeron edificaciones que tienen el régimen de propiedad horizontal.
Todos esos cambios lógicamente modifican el catastro y de ahí puede provenir la principal queja de la comunidad, como es la elevación del cobro del impuesto predial, por la modificación que ha tenido la base de liquidación.
Vendrá entonces la otra fase de todo esto, que es la relacionada con una acción netamente desde las administraciones municipales con los concejos para buscar alguna especie de alivio o reformulación de las tarifas o planes especiales para facilitarles el pago a los contribuyentes.
Desde el IGAC, se espera que atienda aquellas quejas que considere pertinentes para hacer las correcciones respectivas.
Ahí pueden estar los 10.000 campesinos del territorio chitaguense que resultaron impactados por lo ordenado en la Resolución 2057 y quienes insisten en las aclaraciones sobre lo ocurrido.
Entonces, la anunciada reunión en la Asamblea se convierte en un escenario desde el cuál surjan las soluciones sobre tan sensible asunto que finalmente convirtiéndose en una carga para el bolsillo de quienes están obligados a tributarlo.
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