La primera junta de acción comunal en Colombia se organizó en la vereda Saucío, en Chocontá (Cundinamarca), en 1958, que en un principio se llamó junta de vecinos, dato que ahora cobra relevancia al celebrarse los 65 años de la Acción Comunal en el país.
La Agencia de Noticias de la Universidad Nacional destaca que por aquél entonces el profesor Orlando Fals Borda y cerca de 80 campesinos de esa localidad demostraron que la cooperación, la organización, la autogestión y la combinación de los saberes populares y académicos son clave para impulsar el desarrollo comunitario.
En el territorio nacional hoy se encuentran vigentes 70.000 agrupaciones de naturaleza comunitaria, mientras en Cúcuta hay 335 y en Norte de Santander 2.200.
Uno de los retos actuales es la convocatoria y desarrollo de las asambleas comunales en los barrios y veredas para la actualización de los estatutos a la luz de lo ordenado por la Ley 2166 y el decreto reglamentario 1501, dentro de su revitalización para tener más protagonismo.
El propósito fundamental que se busca es el de contar con el marco jurídico y legal para poder firmar convenios solidarios en cuantía menor con las entidades territoriales del orden nacional, departamental y municipal.
El presidente Gustavo Petro, desde antes de posesionarse ya venía hablando de que las vías terciarias de Colombia, las que llevan a la vereda campesina, serán contratadas con las juntas comunales.
Y luego de que llegara a la Casa de Nariño asignó un presupuesto de dos billones de pesos para la contratación de las juntas comunales en el desarrollo de obras de infraestructura, manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el suministro del servicio de internet en zonas alejadas del país, donde hoy no se cuenta con este tipo de conexiones.
Lograr el fortalecimiento institucional de esta base social comunitaria es una acción favorable para las zonas veredales y urbanas, puesto que el desarrollo de ciertas obras, como el arreglo de calles por el método comunidad-gobierno, pero con unas condiciones sin influencias politiqueras, podrán hacerse sin tantas demoras y con mayor eficiencia en los trabajos.
El aprovechamiento de la participación directa de las comunidades en determinadas obras es una opción que debe tener vía libre, con el compromiso de esta dirigencia de desarrollarlas con las calidades, los términos y las cantidades adecuadas de materiales, con el respaldo y guía, lógicamente, de los especialistas para evitar problemas futuros.
Teniendo presente que son la base social en las áreas afectadas por el conflicto armado, la misión que les corresponde se relaciona con ser articuladoras para procurar que el esquivo y complicado proceso de ‘Paz Total’ salga adelante, como se anhela en esta parte de la frontera y en el Catatumbo, por ejemplo.
En medio de esta celebración comunal es bueno indicar que no todo ha sido color de rosa. La situación de violencia e intimidación es delicada en la zona urbana y crítica en el sector rural para muchos líderes que desarrollan actividades comunitarias.
Volviendo a los tiempos en que surgieron las JAC, dos datos resultan llamativos. Uno, que Fals Borda, cofundador del departamento de Sociología de la Nacional donó su archivo personal e institucional a la universidad con fotos, descripciones, encuestas, estudios, perfiles y exploraciones de campo de los habitantes rurales de Saucío, lugar de ‘nacimiento’ de las juntas comunales. Y dos: en el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo tuvieron vida jurídica con la Ley 19 de 1958.
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