De las seis masacres registradas el año pasado en Norte de Santander, tres de ellas ocurrieron en el área metropolitana de Cúcuta, de las cuales dos se presentaron en la ciudad y otra más en Villa del Rosario. Esos crímenes múltiples más el haber sumado 365 homicidios, que pusieron a los municipios metropolitanos con una tasa de 35,38 por cada 100.000 habitantes, ubicaron a la región en el puesto 39 dentro del listado de los 50 más violentos del mundo. Preocupa -no solamente- la permanencia por otro año consecutivo dentro de esa clasificación sino el haber empeorado los índices de criminalidad que la hicieron subir otros cuatro puestos en la medición global y estar dentro de las seis localidades más peligrosas de Colombia.
Tiene ahí el Gobierno nacional una ‘encrucijada de inseguridad’ adicional, porque aparte de la peor crisis del Catatumbo, la zona metropolitana requiere también de una atención excepcional para contener, enfrentar y desactivar la violencia, si no se quieren sorpresas peores. Ahora que estamos dentro del Estado de Conmoción Interior por lo ocurrido en la subregión norte del departamento, hay que reclamarle al presidente Gustavo Petro un ‘Plan para Cúcuta y el área metropolitana’, similar al proyectado para el Catatumbo.
Las razones son más que conocidas: aquí opera la guerrilla del Eln que en la frontera venezolana cuenta con retaguardia para sus ataques; operan por lo menos 20 bandas criminales de la talla del Tren de Aragua y AK-47, por ejemplo; hace presencia el Clan del Golfo y también hay influencia de la disidencia de las Farc. A ese peligroso y violento caldo de cultivo hay que añadirle el narcotráfico, el testaferrato con su lavado de activos, el contrabando y la extorsión.
Así que paralelo a un esperado mejoramiento y potenciación de la inteligencia militar y policial con el propósito de afinar las operaciones ofensivas y de presencia y control en la lucha contra la criminalidad, también haya una efectiva inversión del Estado en proyectos de diversa índole, tanto de carácter social como en infraestructura, por ejemplo.
El Gobierno nacional debe tener presente que todo lo que ha ocurrido y sucede en el Catatumbo de inmediato tiene un reflejo en el área metropolitana, no solamente en cuanto a la crisis humanitaria generada por la oleada de desplazados, sino porque el conflicto armado llega aquí convertido en terrorismo urbano y en ajustes de cuentas, crímenes selectivos, intimidaciones y secuestros. Documentos como el elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal de México, deben ser tomados como una guía, que en este caso nos señala que la seguridad de Cúcuta se encuentra en muy malas condiciones y con una marcada tendencia a empeorar.
Aquí nos vale una reflexión que ojalá sea atendida por la Casa de Nariño. Si Petro es tan amigo de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, por qué no hace un acuerdo para que las autoridades policiales y judiciales de ambos países luchen conjuntamente contra cárteles del narcotráfico como el de Sinaloa que hoy se ha vuelto un factor transnacional de violencia en el Catatumbo.
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