La economía de Colombia enfrenta tres retos a corto plazo, uno de ellos es la sostenibilidad fiscal, porque en 2020, con la aparición de la pandemia, que, obviamente, trajo la necesidad de aumentar el gasto público, hizo que el balance fiscal negativo creciera y, a corte de 2023, pasó a -4,7%, con una proyección de -5,8% a 2025.

Este panorama fue descrito por el director ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien explicó que un choque transitorio de un año se volvió una práctica permanente de un déficit fiscal sistemáticamente más alto. 

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“Eso es una preocupación, porque si se le pregunta al inversionista internacional si le alarma que el déficit fiscal de Colombia sea del 6% del PIB (Producto Interno Bruto), él va a decir: ‘sí’, porque tiene implicaciones en materia de tasas de interés”, expresó el economista.

Es así como, según el también exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Colombia es el país con más riesgo fiscal (exceptuando Argentina y Venezuela), medido a través de lo que le están cobrando los inversionistas al Gobierno para emitir deuda.

“Los inversionistas dicen, yo le presto a Colombia porque siempre ha honrado sus compromisos. Pero el aumento del déficit es muy grande, lo que implica que la capacidad del Estado para financiar esa deuda es más limitada y, por ende, yo le aumento las tasas de interés”, añadió Mejía.

Entonces, la Prima de Riesgo (tasa de interés que paga el gobierno en sus emisiones de deuda pública) ha crecido desde mayo de 2021 en 207, 43 puntos básicos. ¿Y por qué le debe preocupar esta situación al ciudadano de a pie? Porque cuando le aumentan las tasas al Ejecutivo nacional, automáticamente suben las de los hogares y empresas, afectando el costo del endeudamiento.  

“Si bien el Banco de la República ha venido reduciendo sus tasas de interés en lo corrido de 2024, de todas formas, el efecto del aumento en el riesgo que perciben los inversionistas, dada la fragilidad fiscal del país, termina poniendo una especie de piso a esa reducción de tasas para el resto de hogares y empresas”, resaltó Luis Fernando Mejía. 

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Por eso, hay que fortalecer la capacidad de la sostenibilidad fiscal, de generación de ingresos y hacer más eficiente el gasto público, para que las tasas para el Gobierno bajen, porque eso se traducirá en menores tasas de interés para las familias colombianas.

Seguridad y energía

El director ejecutivo de Fedesarrollo informó que otro reto a corto plazo para la economía es la seguridad, porque el número de municipios con presencia de las disidencias de las Farc, Eln o el Clan del Golfo pasó de 125, en 2019, a 586 este año, según cifras de la Defensoría del Pueblo y la Fundación Pares, y Norte de Santander no escapa de esa realidad.

“El número de municipios con al menos uno de estos tres actores armados se multiplicó por 5. Tenemos en total 1.104 municipios y más de la mitad vive esta situación. Y todos sabemos que la seguridad es fundamental paras las decisiones de inversión, para que las empresas aumenten sus planes de expansión y la llegada de nuevas empresas”, añadió Luis Fernando Mejía.

Recalcó que el secuestro y la extorsión son los dos flagelos que más enfrentan los empresarios del Catatumbo y demás zonas del país.

El abastecimiento energético es otro de esos retos, de acuerdo con Mejía, pues, en 2024, el valor de las reservas hídricas se ubica en 49,3% del volumen útil, marcando la cifra más baja en el siglo. 

Dos terceras partes de la generación de energía provienen de las hidroeléctricas. Mientras que los combustibles fósiles representan la segunda mayor fuente de generación eléctrica, y complementan a la generación hídrica en épocas de sequía.

“En nuestro escenario medio, febrero del próximo año, ya tendríamos problemas para que la capacidad instalada de generación energética del país satisfaga el crecimiento de la demanda; estamos hablando de crecimientos muy pequeños de la demanda: 3% en términos reales”.

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El economista dijo que detrás de esa situación está la imposibilidad de generar nuevas fuentes de energía, especialmente no convencionales. Sostuvo que los problemas de abastecimiento afectan la capacidad de generación de valor agregado en el comercio, la industria y otros sectores.

Caída en la inversión 

El director ejecutivo de Fedesarollo expresó que la tasa de inversión se encuentra en mínimos históricos de 20 años. Con esta cifra, el crecimiento de largo plazo de la economía ya no es 3,7% sino 2,3%. En la última década, desde 2014, el indicador de inversión cayó del 22,7% al 16,8% del PIB.

Luis Fernando Mejía aseguró que las empresas han dejado de invertir $70 billones anuales, aproximadamente, en maquinaria y equipos, lo cual preocupa, porque la expansión de capacidad de producción implica más crecimiento. 

Subrayó que esa baja en la inversión ha sido causada por la incertidumbre de la política económica y la alta renta corporativa. Con un valor de 35%, Colombia tiene la cuarta tarifa de impuesto de renta más elevada en el mundo, solo por debajo de las islas Comoras, Puerto Rico y Surinam.

Por esto, Mejía consideró positivo que el proyecto de la Ley de Financiamiento de Gustavo Petro propenda por bajar ese tributo, cuyo documento plantea reducirlo gradualmente a 27% para las Mipyme y al 30% para las otras empresas, excepto las del sector carbón y petróleo.

Descarbonización de la economía

El economista destacó que Colombia tiene, además, desafíos estructurales, uno de ellos es la descarbonización, precisando que el país emite cerca de 5,2 toneladas de dióxido de carbono cada año equivalente por habitante, un 24% por debajo del promedio mundial (6,8 toneladas).

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“Es un promedio muy por debajo de las economías más ricas, como Estados Unidos, que tienen emisiones que pueden llegar a los 17 toneladas de dióxido de carbono por habitante. Entonces, somos un país relativamente limpio, especialmente por su matriz de generación energética, que es 66% de generación hidráulica”, enfatizó Mejía.

El economista recalcó que la nación, además, debe tener una hoja de ruta, para la descarbonización, de largo plazo, ordenada y consecuente con esa realidad.

Concluyó que no se puede pensar en una transición energética acelerada, con un marchitamiento rápido del sector minero energético, sino todo lo contrario, considerar a las industrias de carbón, gas y petróleo como una oportunidad para generar crecimiento en el corto y mediano plazo y una fuente de financiamiento de la agenda de dicha transición, “que ratifico, debe ser ordenada y de largo plazo”.

El dato

Durante el siglo XXI, desde 2000 hasta 2019, hubo un balance en las finanzas públicas deficitario de 3,6% del PIB, es decir, el gobierno año tras año se gastó 3,6% más de lo que le ingresó al país. 

Luis Fernando Mejía explicó que los cambios que trajo la Constitución de 1991, para mejorar la calidad de vida de la población, a través de infraestructura y planes sociales, generó ese aumento, contrario al escenario del siglo XX, cuando prácticamente hubo un equilibrio fiscal, porque el balance negativo fue de solo -0,6%. 

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