Los actores responsables de la política de la transición energética del país deben entender que, desde el punto de vista jurídico, los carbones de Norte de Santander y de otras regiones son un importante recurso para ese propósito.
Esta fue la reflexión que dejó la presidenta del Colegio de Abogados de Minas, Petróleos y Energía de Colombia, Adriana Martínez, quien moderó el panel ‘Estabilidad jurídica para las inversiones de carbón y coque en Colombia’ del International MetCoke Summit, en Barranquilla.
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“El carbón térmico nos ha dado la mano en varias ocasiones, cuando ha habido amenazas de apagón. Igualmente, pasa con el carbón coquizable, que tiene un futuro asegurado, mientras haya consumo de acero en el mundo”, expresó la jurista.
Martínez explicó que la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de reformar el Código de Minas no se trata de solo unos cambios, sino de derogar la norma existente, para tener un nuevo sistema de adjudicación de los derechos y de planificación de la explotación mineral; el artículo que más preocupa es el 23, el cual prohíbe contratar la exploración y explotación de carbón térmico.
Resaltó, además, que también hay una inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo en relación con la explotación de carbón a cielo abierto, por lo que ven un riesgo grave por ese tipo de medidas.
También está el Decreto 044 de 2024, mediante el cual se establecen los criterios para declarar y delimitar reservas naturales de carácter temporal. Ante esto, la abogada afirmó que, mientras las actividades tengan su licenciamiento ambiental, “implementar ese tipo de reservas sin estudios técnicos previos y desconociendo los derechos adquiridos –de los empresarios-, son una amenaza para la industria minera”.
Otras de las preocupaciones del sector carbonero y coquizador de Norte de Santander es el proyecto de crear la Empresa Colombiana de Minerales (Ecominerales), con la cual, según los líderes gremiales, el Gobierno monopolizaría la actividad minera.
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“Se propone que esa compañía estatal se dedique a todos los minerales estratégicos, que son los de interés económico, los commodities de exportación, los que producen la mayor rentabilidad. Si Ecominerales va a hacerse cargo del negocio minero, para el sector privado va a quedar prácticamente nada”, añadió.
Adriana Martínez recalcó que esos empresarios, trabajadores y encadenamientos productivos, que son fuentes de desarrollo en este y demás departamentos, resultarán afectados. Aseguró que “pensar que Ecominerales puede ser omnipresente, como nuestro Señor, es difícil”.
Leyes garantizan los derechos
Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, es fundamental que haya estabilidad jurídica para el sector y, por ello, el artículo 58 de la Constitución Política garantiza la propiedad privada y los derechos adquiridos de acuerdo con las leyes civiles, “por ende, no pueden ser desconocidos ni vulnerados” por normas posteriores.
“Los derechos adquiridos, cuando estamos hablando de contratos, ingresan al patrimonio de las partes (negociadores) y cada una de ellas está en la posibilidad, con la tutela jurídica del Estado, de exigir el respeto a las obligaciones que emanan del contrato, así se trate de un contratante estatal. Si no cumple, tendrá que indemnizar al particular”, añadió.
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El exmagistrado del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, manifestó que no se necesita ser una poderosa empresa para hacer respetar sus derechos, porque este “es un país que tiene una mayor cantidad de acciones para acceder a la administración de justicia”, ante las decisiones de las autoridades gubernamentales que les ocasionen perjuicios.
“Frente a un panorama jurídico bastante difícil y brumoso que vemos hoy, me atrevo a decir con enorme esperanza que hay jueces en Colombia, cuya independencia e imparcialidad ha sido ejemplo, que son la gran esperanza para que sobreviva el Estado democrático de derecho”, concluyó Fajardo.
El dato
Según la Asociación de Carboneros de Norte de Santander (Asocarbonor), el 40% de los empleos en la región lo incentiva la industria del carbón y coque.
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