La Superintendencia de Sociedades declaró a Michael Howard Millar, Enrique Antonio Luna y Julio Luis Caballero, como controlantes conjuntos de las sociedades Fast Colombia S.A.S., conocida en Colombia como Viva Air y que está en liquidación judicial, y de Viva Airlines Perú S.A.C., con sucursal en el país desde el 29 de abril de 2022 hasta el 28 de diciembre de 2022. 

Adicionalmente, la Supersociedades les impuso a estos ciudadanos extranjeros una multa de $142.350.000.

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Viva Air se declaró en quiebra el 27 de febrero de 2023, lo cual afectó a miles de pasajeros en Cúcuta y otras ciudades. La aerolínea dejó de operar alrededor de 46 rutas y 26 destinos, entre ellos siete internacionales.

De acuerdo con la entidad, durante la investigación administrativa se identificó que el máximo poder de decisión en la estructura corporativa lo tuvieron las referidas personas y no las sociedades intermediarias que se utilizaron.

La Supersociedades informó que, si bien, el derecho societario permite que los empresarios utilicen diferentes instrumentos para organizar sus actividades mercantiles, es preciso advertir que la revelación como matrices de ‘vehículos’ con patrimonios irrisorios, y que realmente no tienen el máximo poder decisorio, representa un grave riesgo para los grupos de interés que interactúan con las entidades subordinadas, por cuanto la supuesta matriz no tendría un patrimonio significativo para responder por las eventuales reclamaciones.

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En el acto administrativo correspondiente, la entidad enfatizó que existe la necesidad de acercar el derecho societario a la realidad y no distanciarlo, a través de interpretaciones que no corresponden ni a lo que plantea la ley, ni a lo que ocurre en la práctica empresarial. Los investigados y las sociedades vinculadas podrán interponer los recursos de ley contra esta decisión.

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que esta decisión es relevante dentro del proceso de liquidación de Fast Colombia S.A.S. o Viva Air, especialmente para los acreedores afectados. 

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“No obstante, debe señalarse que las actuaciones administrativas que versan sobre las declaraciones de grupo empresarial o control, obedecen a una facultad administrativa de esta entidad y son diferentes a las atribuciones sobre desestimación de la personalidad jurídica que se deben ventilar dentro de un proceso judicial, con la plenitud de las garantías para ejercer el derecho de defensa”, agregó.

Desde la superintendencia recalcaron que seguirán trabajando por garantizar el pronto y debido trámite de las actuaciones administrativas sometidas a su conocimiento.

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