Por considerar que el Decreto que fijó el incremento del salario mínimo para 2026 (decreto 1469 de 2025), bajo el criterio de “salario vital”, tiene “deficiencias legales graves y riesgos económicos y sociales para el país”, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, por esa decisión del Gobierno nacional.
“Colombia debe corregir el exabrupto del aumento del Decreto 1469 de 2025 y de no corregirlo se perderían alrededor de 772.340 empleos y se cerrarían innumerables mipymes”, señala Fenalco en un comunicado de prensa hecho público este miércoles. Advierte que “el decreto no explica de manera clara y verificable cómo se pasó de variables económicas que justifican ajustes del 6,21%, a un incremento del 23,7%, sin sustento técnico suficiente”.
“Fenalco hace un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”. Su petición al Consejo de Estado es una “suspensión provisional urgente” del citado decreto.
De acuerdo con Jaime Alberto Cabal, presidente ejecutivo de Fenalco, “la decisión del Ejecutivo desconoció el marco legal y constitucional vigente al aplicar criterios no contemplados en la ley y sustituir las variables obligatorias para la fijación del salario mínimo; inflación, productividad, PIB y participación de los salarios en el ingreso nacional; por el concepto de “salario vital”, construido a partir de referentes de la OIT sin carácter vinculante. Además, se desconoció la competencia exclusiva del Dane como autoridad técnica encargada de definir y certificar la canasta del IPC, fundamento esencial para la medición de la inflación en el país.
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Además, el vocero de los comerciantes cuestionó que el decreto no explica de manera clara y verificable cómo se pasó de variables económicas que justificaban ajustes del 6,21%, a un incremento del 23,7%, sin sustento técnico suficiente.
El decreto no explica de manera clara y verificable cómo se pasó de variables económicas que justifican ajustes del 6,21%, a un incremento del 23,7%, sin sustento técnico suficiente":
Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de Fenalco.
Riesgos económicos graves
Adicionalmente, Fenalco solicitó la suspensión provisional inmediata de la medida argumentando que su aplicación genera impactos irreversibles, presiones inflacionarias adicionales, pérdida de empleo formal, aumento de la informalidad, afectación del aparato productivo y deterioro de las finanzas públicas.
Bajo este panorama, Fenalco solicitó al Consejo de Estado dejar sin efectos el decreto y suspender su aplicación mientras se adelanta el análisis judicial, con el propósito de proteger el interés general, la seguridad jurídica y la estabilidad económica del país.
“No es una discusión contra los trabajadores”
“Esta no es una discusión contra los trabajadores, que se verán seriamente afectados por la inflación generada como consecuencia de la medida. Es una defensa del Estado de Derecho y de la estabilidad económica del país.
Hacemos un llamado al Consejo de Estado para que prevalezca el interés general del país por encima de los intereses politiqueros del Gobierno”, concluyó Cabal Sanclemente.
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