Múltiples son los obstáculos que pequeños y medianos empresarios y comerciantes de Táchira enfrentan para intentar mantener a flote sus emprendimientos, en medio de un contexto complejo, emergencia humanitaria, económica, política y social.
A la crisis, se suma la descomposición institucional, aunque también, como en toda crisis, se generan algunas oportunidades donde algunos encuentran espacio para crecer.
José Marín, propietario de una empresa empaquetadora de granos en San Cristóbal (Táchira), destaca que la economía venezolana está “absolutamente deprimida”, pero ese mismo hecho abre un abanico de oportunidades para la inversión. “Este es un país que está prácticamente virgen, donde hay que hacerlo todo, porque todo lo destruyeron”.
Marín invierte en los campos venezolanos con semillas, fertilizantes y financiamiento, “al ser una empresa pequeña, uno de los retos que tenemos es el financiamiento, por cuanto este sale de la propia operación de comercialización de la compañía”.
Al recordar el camino recorrido destaca que han tenido grandes experiencias porque “gente que no tenía nada en sus patios ha comenzado a producir”, y eso hace que la economía en ese sitio se mueva y comienza a generar impuestos, utilidades y una mejor calidad de vida.
“Es un escenario donde, como no hay nadie produciendo, quien impulsa la producción genera una especie de monopolio, que le permite mantenerse a flote e incluso crecer poco a poco”, acota al señalar las bondades de aprovechar las oportunidades generadas por la crisis venezolana.
Burocracia, alcabalas y extorsión
Destaca que aunque la fase de incentivos al agro reviste sus retos, nada se compara con la fase de comercialización, que define como “una historia de lamentos”, pues entre la burocracia, las alcabalas y la extorsión gubernamental, muchos pequeños empresarios y comercializadores se han ido a la quiebra.
Para sacar un producto del campo las autoridades solicitan el permiso de la alcaldía de la zona, el permiso de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) y el del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Insai).
“Una vez que el producto llega a la empresa debe cumplir con 19 permisos que van desde el registro sanitario, manejo de alimentos, pago de alcaldías, etc…”
Quienes tienen los permisos, y quienes no, deben sufrir el tormento de pasar las 20 o 25 alcabalas de diferentes cuerpos de seguridad, apostadas en las vías que conducen de las zonas productoras en la alta montaña tachirense, hasta la zona de alto consumo en San Cristóbal y su área metropolitana.
“A veces es más fácil bajarse del camión con tres o cuatro kilos de granos y dejárselos en el comando, pero si se multiplica eso por el número de alcabalas, fácilmente se dejan de comercializar unos 100 kilos de producto”, dijo Marín.
La extorsión oficial ha llevado a la quiebra a algunos comerciantes. Uno de ellos, que pide mantener el anonimato, refiere que comisiones del Faes, acompañadas de representantes del protectorado, llegan de improviso a los locales exigiendo documentación y el pago de hasta 2 mil dólares, bajo amenaza de llevarles presos. “Tuve que vender la mercancía para pagar esa extorsión y evitar ir a la cárcel, pero me quedé en la ruina”, refirió.
Explicó que esas pérdidas termina reflejándose en el precio final del producto, del cual aproximadamente el 30% corresponde a “matraca”, lo que genera toda una cadena especulativa, que hace que por ejemplo, los productos venezolanos sean más costosos que los productos colombianos que pasan por la trocha con aval de las autoridades.
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