Las cesantías son un derecho laboral que se convierte en un salvavidas, cuando el trabajador pierde su empleo, necesita invertir en vivienda y educación o pagar créditos hipotecarios o el impuesto predial y de valorización. No obstante, una propuesta legislativa busca que este ahorro pueda utilizarse como capital de riesgo.
Se trata del Proyecto de Ley 618 de 2025, de la senadora conservadora Nadia Georgette Blel Scaff, mediante el cual modifica las leyes 50 de 1990 y 1071 de 2006, para incluir otro uso a ese dinero que, anualmente, les depositan los empleadores a sus colaboradores.
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El texto contempla el retiro parcial de las cesantías de hasta 50%, para la inversión en proyectos de micro, pequeñas y medianas empresas de mujeres o de sus hijos de entre 18 y 28 años.
Para Blel, la iniciativa, busca transformar ese ahorro, en “oportunidades de emprendimiento”.
El proyecto fue aprobado en la Comisión Séptima del Senado hace menos de un mes y pasó a la Cámara de Representantes para su visto bueno, en donde hay voces en contra, como la de María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), quien alega que esta eventual norma podría “ser perjudicial para la clase trabajadora”, porque el empleado invertirá sus ahorros “en algo que no sabe si va a resultar”.
“Acabo de recibir del Ministerio de Trabajo un concepto que respalda las alertas que he venido haciendo sobre la inconveniencia de aprobar el proyecto”, dijo Carrascal, quien también destacó que ese despacho considera que la propuesta “abriría la posibilidad de que estos recursos sean utilizados para capitalizar empresas de terceros”.
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La postura del Mintrabajo
En el documento enviado a la congresista, firmado por la jefa de la Oficina Asesora Jurídica del Mintrabajo, Camila Andrea Bohórquez Rueda, la cartera expresa la inconveniencia del proyecto bajo los siguientes argumentos:
- La desnaturalización de la finalidad protectora al permitir la inversión en empresas de terceros, con traslados de riesgos propios de actividad empresarial al ahorro laboral.
- La posible descapitalización del ahorro para contingencias de desempleo y vivienda/educación.
- La asimetría de información y de riesgo para trabajadores no especializados en evaluación de proyectos.
- La carga operativa y fiduciaria que trasladaría a los fondos de cesantías tareas de análisis de viabilidad empresarial que no les son propias.
“Por lo anterior, se evidencia afectaciones a la sostenibilidad de los fondos de cesantías, toda vez que los retiros anticipados masivos impactarían la liquidez y rentabilidad del sistema financiero que administra las cesantías”, señaló el ministerio, aclarando que la iniciativa, aunque bien intencionada, no se enmarca en las estrategias estructurales de autonomía económica de las mujeres.

¿Reduce brechas?
La Opinión consultó al director de la Escuela de Contabilidad y Finanzas Globales del Politécnico Grancolombiano, Hernando Espitia, quien expresó que la propuesta va en contravía del efecto de las cesantías y tampoco tiene asidero que sea solo dirigida a un género.
“Suena bien la iniciativa, pero el problema es que muchos de esos recursos se pierden, lo cual implica que el ahorro desaparezca. Lo ideal sería que la inversión en ese capital de riesgo vaya asociado a procesos que garanticen que la plata sea bien invertida”, añadió Espitia.
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El director de Extensión de la Universidad Católica de Colombia, Lisandro Romero, dijo que el proyecto de ley también conocido como cesantías para el emprendimiento de mujeres, puede tener efectos positivos, como más acceso a capital de inversión para ese sector de la población.
Sin embargo, Romero resaltó que un punto negativo a considerar es que los emprendimientos tienen un alto riesgo de fracaso.
Igualmente, el experto en Derecho recordó que la iniciativa busca establecer medidas para promover la autonomía económica de las mujeres y el fomento de los microempresas lideradas por ellas, lo cual se traduciría en una reducción de brechas de género en este ámbito.
En ese sentido, el financiero Hernando Espitia indicó que las mujeres tienen un nivel más bajo de empleabilidad, así como de ingresos y de acceso al crédito, por lo que la propuesta puede ser coherente, “pero al final se debe mirar el uso de los recursos y qué tan bien manejados son”.
El dato
Al cierre de 2024, según Asofondos, los cuatro fondos privados de cesantías (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia), en Colombia, sumaban 10.3 millones de afiliados y un monto total histórico de $22,4 billones; esto sin tener en cuenta el ahorro de los 1.644.111 afiliados por la misma razón en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).
El retiro de este dinero por parte de los trabajadores fue de $10,7 billones el año pasado.
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