La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) manifestó su rechazo frente al Decreto 030 de 2026 expedido por el Gobierno, mediante el cual eliminó la prima especial que hacía parte de la remuneración de los 296 congresistas, debido a que la normativa, aunque dirigida inicialmente al Legislativo, derivó en una disminución de los ingresos de la Rama Judicial, que pone en riesgo la autonomía de los poderes públicos.
La entidad respaldó a la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) tras evaluar el alcance de la medida gubernamental.
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La organización explicó que la decisión provocó una reducción efectiva en los sueldos de jueces, procuradores, fiscales y otros servidores, una situación que alteró de hecho el régimen salarial estipulado en la Ley 4 de 1992 y afectó la calidad de vida de los funcionarios.
La corporación advirtió que la medida vulneró el principio de no regresividad en materia laboral y generó una amenaza directa a la separación de poderes. La CEJ enfatizó que esta disposición tiene la “potencialidad de convertirse en un mecanismo de control indirecto sobre el Poder Judicial”, lo cual contradice la esencia del Estado Social de Derecho.
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El organismo destacó el esfuerzo institucional realizado durante décadas para dignificar los salarios en la administración de justicia como garantía de independencia.
En su pronunciamiento, la entidad alertó que el decreto presenta “serios problemas de constitucionalidad” y termina por afectar “logros históricos alcanzados mediante el consenso y la defensa de la institucionalidad judicial”.
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El decreto elimina la prima especial recibida desde hace 12 años por los parlamentarios, que cada mes es de casi $17 millones. Los congresistas pasarán de recibir mensualmente $52.6 millones de pesos a $35.7 millones.
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