El comportamiento de la industria aseguradora evidencia una mayor concientización de los colombianos frente a los riesgos que afectan directamente su vida, salud y patrimonio.

Según un informe de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda), en 2025, las compañías atendieron reclamaciones de sus afiliados por $27,6 billones, 8% más que el 2024; esto equivale a casi el doble de los recursos que el Gobierno tiene presupuestados este año para sectores como agua potable, vivienda social, cultura y deporte.

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Igualmente, el crecimiento real de la industria fue del 3,5%, en un contexto de inflación del 5,1%. El año pasado, el sector representó el 3,29% del Producto Interno Bruto (PIB) y el consumo per cápita en seguros se ubicó en $1.150.691.

De acuerdo con el presidente ejecutivo de Fasecolda, Gustavo Morales, las cifras confirman la necesidad de la población de cubrir especialmente los riesgos relacionados con la vida. 

“Muchas personas pudieron recibir atención en salud oportuna, fomentar el ahorro y dejar asegurado un patrimonio para sus familias”, agregó Morales.

Destacó que el 2025 estuvo marcado por decisiones relevantes en materia de política pública, como la Reforma Pensional, en la que el sector asegurador participa ampliamente y que está orientada a ampliar la cobertura mediante un sistema de pilares, la cual quedó en pausa mientras la Corte Constitucional revisa su constitucionalidad. 

Además, la reforma a la salud no fue aprobada, pero dejó abierto el debate sobre la sostenibilidad financiera y la distribución de riesgos dentro del sistema. 

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Gustavo Morales indicó que uno de los temas más sensibles para el sector y para la economía en general fue el tributario. La industria aseguradora enfrenta una tasa efectiva cercana al 40%, lo que impacta directamente su capacidad de inversión, crecimiento y ampliación de cobertura.

Para Morales, las emergencias derivadas de la temporada de lluvias, el sismo de Paratebueno, los accidentes viales, las afectaciones al agro y las atenciones en salud, entre otras contingencias, evidencian que el seguro no es un gasto opcional. 

“Es una herramienta de protección que debe adquirirse de manera oportuna y que resulta fundamental para sostener las actividades económicas, no solo de las personas, sino también de las empresas”.

Precisamente para responder a este entorno de mayor exposición al riesgo, el sector viene fortaleciendo su oferta y su capacidad de respuesta. El aumento de fenómenos extremos impulsó el desarrollo de seguros paramétricos, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y habilitados para todos los sectores. 

“Mecanismos como este permiten pagos ágiles con base en índices predefinidos, lo que mejora la atención ante eventos climáticos y catastróficos”, señaló el dirigente gremial.

Datos por ramo

Salud

Al cierre de 2025, las aseguradoras pagaron $3.30 billones en prestación de servicios de salud con cargo a las pólizas, lo que representó un incremento del 21% frente a 2024.

En paralelo, el ramo de salud se consolidó como el de mayor crecimiento en la industria aseguradora. Las primas emitidas aumentaron 21% respecto al año anterior, alcanzando $871 mil millones, lo que refleja la expansión sostenida de este segmento.

Este desempeño se dio en un contexto de presiones financieras sobre el sistema obligatorio de salud, que impulsaron una mayor demanda por soluciones complementarias ofrecidas por el aseguramiento privado. Según la información reportada a la Superintendencia Financiera de Colombia, al cierre del año, 1.8 millones de colombianos contaban con coberturas en este ramo, 200.000 asegurados más que en 2024.

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Seguros de personas

El mercado de los seguros de vida y personas se ha venido fortaleciendo en los últimos años. El ramo de vida individual, que es un reflejo directo de la voluntad de las personas por dejar un patrimonio para sus familias, creció un 14%, con primas de $1.8 billones.

Uno de los factores que impulsa la diversificación de este mercado, es la transición demográfica que atraviesa no solo el mundo, sino también Colombia. Este cambio poblacional ha llevado al sector asegurador a innovar y ajustar su portafolio, con el fin de ofrecer soluciones que respondan a las nuevas necesidades de la realidad colombiana.

Entre estas innovaciones se destacan los seguros dirigidos al adulto mayor, que brindan coberturas de largo plazo y buscan acompañar a una población cada vez más longeva, con productos acordes a sus condiciones y expectativas. El total de seguros de vida pagados ascendió a $4.15 billones.

Seguridad social

En 2025, los ramos de Seguridad Social reafirmaron su impacto dentro del sistema de protección social colombiano, al garantizar la continuidad de prestaciones y coberturas para millones de personas y consolidar al sector asegurador como un actor clave en el pago de pensiones y beneficios previsionales.

Durante el año, el seguro previsional (invalidez y sobrevivencia del Régimen de Ahorro Individual) alcanzó 8.190.994 personas aseguradas a noviembre, cerca de 127.000 más que en el mismo periodo de 2024. En este ramo se registraron 12.075 reclamaciones, por un valor aproximado de $4.3 billones.

En el segmento de rentas vitalicias, el número de pensionados llegó a 148.334, lo que representa cerca de 13.000 más que el año anterior. Además, se contrataron 15.504 nuevas rentas vitalicias y las mesadas pagadas durante el año ascendieron a alrededor de $2 billones.

Como resultado de estas obligaciones de largo plazo, en 2025 se constituyeron reservas matemáticas cercanas a $17 billones, llevando el stock total de reservas de rentas vitalicias a un nivel histórico aproximado de $58.7 billones.

Autos

En 2025, en este ramo, las compañías desembolsaron $3.48 billones por concepto de reclamaciones atendidas y pagadas, lo que representa una variación de -1% respecto al año anterior.

Este resultado se explica porque, pese a que hubo un aumentó en el número de vehículos asegurados, en 2024 se presentaron más eventos en el ramo y en 2025 los accidentes fueron menos severos o los daños tuvieron menor impacto económico.

El número de vehículos asegurados creció 5,1%, pasando de 2.36 millones en 2024 a 2.48 millones en 2025, en línea con la mayor venta de vehículos nuevos.

Propiedad e ingeniería

En 2025, Colombia enfrentó uno de los años más complejos en materia de emergencias, lo que volvió a evidenciar la importancia de los seguros de propiedad como herramienta de protección patrimonial. El evento más relevante fue el sismo de magnitud 6.5 ocurrido el 8 de junio en Paratebueno, Cundinamarca, que generó pagos por parte de las aseguradoras cercanos a $62.1 mil millones por afectaciones en viviendas, empresas y edificaciones.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), durante el año, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo atendió más de 4.700 eventos que impactaron 869 municipios y a más de 285.100 familias. Entre estos se registraron 1.280 incendios forestales (con cerca de 12.000 hectáreas afectadas), 1.258 movimientos en masa, 684 inundaciones, 575 vendavales, 258 crecientes súbitas y 45 eventos asociados a sismos o actividad volcánica.

En este contexto, los seguros de propiedad cobraron mayor relevancia como respaldo frente al aumento de eventos de gran magnitud. A septiembre de 2025, el país registró

2.619.046 propiedades aseguradas, cuyo valor asegurado total ascendió a $2.432 billones, cifra equivalente a casi 1.5 veces el PIB de 2024.

Seguro decenal

El Seguro Decenal, póliza obligatoria que protege al comprador de vivienda nueva frente a fallas estructurales, errores de diseño, deficiencias en materiales o vicios del suelo— registró al cierre de 2025 un total de 787 proyectos asegurados, que agrupan cerca de 112.000 unidades de vivienda, por un valor asegurado de $18.5 billones.

SOAT

Las compañías que ofrecen el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) pagaron $2.78 billones para la atención de víctimas de accidentes viales, un 9% más que en 2024. Este monto permitió atender a más de 851.00 personas en todo el país, según cifras preliminares.

Del total pagado, el 86% ($2,4 billones) se destinó a clínicas y hospitales, beneficiando a 2.145 IPS. Además, el SOAT canalizó $2.5 billones hacia la ADRES para financiar el sistema de salud y cubrir víctimas de vehículos no asegurados o no identificados, y transfirió cerca de $123 mil millones a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para programas de prevención.

En términos de ingresos, las primas emitidas crecieron 4%, al pasar de $3.5 billones en 2024 a $3.6 billones en 2025, impulsadas por el aumento del parque asegurado, que alcanzó 11,3 millones de vehículos. Las motocicletas representan el 51,1% del total.

En 2025 se registraron 8.697 muertes por siniestros viales (5,15% más que en 2024) y más de 1.27 millones de víctimas, lo que evidencia la urgencia de fortalecer las políticas de seguridad vial. A esto se suman problemas como el fraude al SOAT —IPS ficticias, duplicación de cobros y sobrecostos— que afectan la sostenibilidad del sistema y la adecuada atención a las víctimas.

Riesgos laborales

En 2025, el Sistema General de Riesgos Laborales consolidó su papel como uno de los principales mecanismos de protección del empleo formal en el país. Durante el año protegió a 13.5 millones de trabajadores, lo que representó un crecimiento de 3,6% frente a 2024, reflejando la ampliación sostenida de la cobertura del sistema.

Este incremento estuvo acompañado por la incorporación de aproximadamente 470.000 nuevos afiliados, principalmente trabajadores dependientes, así como por la vinculación de 77.000 empresas adicionales, pasando de 1.2 millones a 1.3 millones de empresas afiliadas. Este comportamiento evidencia el valor social del aseguramiento, al ampliar la protección frente a accidentes y enfermedades laborales y fortalecer la estabilidad del empleo formal.

El valor de los siniestros pagados ascendió a $5 billones, con un incremento de 6% frente a los $4.8 billones registrados en 2024. Este comportamiento mantiene una dinámica coherente con la expansión del sistema y el mayor número de trabajadores asegurados.

En términos financieros, las primas emitidas alcanzaron $8.2 billones en 2025, frente a $7.4 billones en 2024, lo que representó un crecimiento del 11%. Esta variación estuvo asociada principalmente al aumento en la afiliación y, por tanto, a una mayor base de trabajadores protegidos, más que a un deterioro estructural del riesgo.

Seguro agropecuario

En 2025, las aseguradoras pagaron en reclamaciones de los campesinos $67.263 millones a $81.163 millones en 2024, lo que representa una disminución de 17,1%.

Los mayores pagos se concentraron en pequeños productores afectados por vientos fuertes y exceso de lluvias, con impactos relevantes en cultivos como plátano y banano. El comportamiento de la siniestralidad confirma que el seguro agropecuario permite atender de manera oportuna las pérdidas productivas, reduce la presión fiscal en escenarios de crisis climática y contribuye a estabilizar el ingreso rural frente a fenómenos como El Niño y La Niña.

El seguro agropecuario reafirmó en 2025 su papel como herramienta clave de política pública y gestión del riesgo para el campo colombiano. De manera preliminar, el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) permitió proteger a 75.419 productores, de los cuales el 99% fueron pequeños productores y pequeños productores de ingresos bajos, quienes también concentraron el 99% de los recursos del incentivo.

En cuanto a producción, las primas emitidas sumaron $122.065 millones en 2025, lo que representa una reducción de 18,1% frente a 2024. Este comportamiento estuvo asociado a ajustes en la demanda, condiciones climáticas y productivas del año, así como a la focalización de los incentivos.

Fraude en la industria

En 2025, la industria aseguradora identificó 49.645 casos de fraude, por un valor superior a $256 mil millones, según información reportada por compañías que representan el 78% de las primas emitidas del mercado. De este monto, alcanzó a pagar el 15%, lo que evidencia la efectividad de los mecanismos de detección y control implementados por el sector.

Para enfrentar este fenómeno, las aseguradoras invirtieron cerca de $29 mil millones en actividades de prevención, monitoreo e investigación de eventos fraudulentos.

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