Durante el primer año de implementación del Plan Catatumbo, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) gestionó 35.813 hectáreas para la población rural de Norte de Santander.
La estrategia, presentada en el marco de la declaratoria de Conmoción Interior para atender la crisis humanitaria por la violencia en el Catatumbo, también permitió que la entidad entregara títulos de 12.283 hectáreas a favor de 900 familias campesinas.
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El coordinador de la Unidad de Gestión Territorial de Norte de Santander de la ANT, Javier Alonso Santiago Velásquez, expresó que el 2025 fue un año de tristeza y dolor para muchos hogares.
“Pero también fue un año en el que la Agencia Nacional de Tierras reafirmó su compromiso con la construcción de la paz, con el derecho a la tierra y con la posibilidad de que los campesinos y las campesinas accedan no solo a la seguridad jurídica, sino también a nueva tierra para trabajar”, afirmó Santiago.
Destacó que los procesos de titulación permiten que las familias beneficiarias cuenten con respaldo jurídico sobre los predios que han trabajado históricamente, fortaleciendo su arraigo territorial y su capacidad para acceder a créditos, programas de desarrollo agropecuario y proyectos productivos.
“La titulación también garantiza la posibilidad de heredar legalmente la tierra a las nuevas generaciones, asegurando la continuidad de la tradición campesina y la estabilidad de las economías rurales en una subregión que ha sido históricamente afectada por el conflicto armado”, agregó el funcionario.
Fincas para producir y construir paz
Durante 2025, en el marco del programa Fincas para la Paz, la ANT entregó nueve propiedades, con una extensión total de 2.077 hectáreas y 7.009 metros cuadrados, a asociaciones campesinas, organizaciones sociales, mujeres víctimas del conflicto armado y firmantes del Acuerdo de Paz.
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Estas entregas hacen parte del cumplimiento de los compromisos del Gobierno nacional para garantizar el acceso a la tierra y avanzar en la consolidación de la paz en el Catatumbo.
En estas fincas se desarrollan proyectos productivos agropecuarios que, además, cumplen una función humanitaria, al operar como espacios de acogida temporal para población desplazada y como escenarios de defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Uno de estos procesos es liderado por María Carvajal, quien encabeza a un grupo de 54 mujeres que recibieron 724 hectáreas del predio Los Tanques, en El Zulia. Para ellas, el acceso a la tierra representa la posibilidad de reconstruir sus proyectos de vida y fortalecer su autonomía económica y social.
“En esta tierra que tanto soñamos queremos seguir cultivando, tener una casa de paso para acoger a mujeres víctimas de violencias basadas en género y convertirnos en una despensa agrícola para la región”, expresó Carvajal.
Titulación de Derecho Público
Reconociendo que el acceso a servicios de educación, salud y recreación dignos también depende de la legalidad sobre la tierra, la ANT avanzó en la titulación de predios destinados a entidades de derecho público.
En este proceso se entregaron 123 títulos correspondientes a sedes educativas, escenarios deportivos, centros de salud y salones comunales ubicados en los municipios de Hacarí, Ábrego, Sardinata, El Tarra y Teorama.
Estos predios, que en conjunto representan 23 hectáreas, cuentan ahora con la titularidad legal necesaria para impulsar proyectos de infraestructura social, educativa y ambiental, mejorando de manera directa las condiciones de vida de las comunidades rurales del Catatumbo.
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Primera Zona de Reserva Campesina
Como parte de los avances estructurales en el ordenamiento social de la propiedad rural, la ANT aprobó la conformación de la Zona de Reserva Campesina Paz y Unión Campesina del Catatumbo.
Esta figura cuenta con un área superior a las 59.000 hectáreas y beneficia a más de 1.800 familias, equivalentes a 7.005 personas, de los municipios de La Playa de Belén, Ábrego, Bucarasica y Hacarí, consolidando un instrumento clave para la protección del territorio campesino.
Así mismo, en octubre, el director de la ANT, Juan Felipe Harman, anunció la constitución del resguardo indígena Irokobingkayra, en un predio baldío de la Nación ubicado en el municipio de El Tarra, con una extensión de 63 hectáreas y 2.983 metros cuadrados.
Este avance fortalece el reconocimiento de los derechos territoriales del pueblo Barí y contribuye a su pervivencia cultural en el Catatumbo.
“Seguimos trabajando por consolidar una estrategia que permita avanzar no solo en la formalización y ampliación de los resguardos del pueblo Barí, sino también en la entrega de títulos a más familias campesinas”, concluyó Javier Alonso Santiago Velásquez.
Las acciones desarrolladas en el marco del Plan Catatumbo se alinean con los objetivos estratégicos del Gobierno nacional para fortalecer la política pública rural, garantizar los derechos territoriales y promover el arraigo en una subregión históricamente afectada por la presencia de grupos armados y diversas formas de violencia.
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