Aunque la producción de palma de aceite en Colombia ha crecido más rápido que el área sembrada, gracias a mejoras en productividad y nuevas variedades de alto rendimiento, el sector aún enfrenta profundas brechas que limitan su desarrollo sostenible.
Así lo advirtió el presidente ejecutivo de Fedepalma, Nicolás Perez Marulanda, durante la apertura del 53º Congreso Nacional de Palmicultores, en Cali, destacando los factores que han impulsado el rendimiento nacional.
Aunque la implementación de buenas prácticas agrícolas y la entrada en producción de cultivos O4G, que superan las seis toneladas por hectárea y muestran un potencial de más de diez toneladas, persisten diferencias regionales significativas en productividad.
De los 40 millones de hectáreas con vocación agrícola, apenas ocho están en uso, y al menos 5,2 millones son aptas para el cultivo de palma, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). Pérez señaló que cerrar esas brechas es fundamental para consolidar un desarrollo verdaderamente sostenible.
Otra de las principales alertas es la renovación de cultivos. Un alto porcentaje de las plantaciones actuales está envejeciendo, y si no se actúa con rapidez, en los próximos diez años cerca de 300.000 hectáreas superarán su vida útil.
La falta de incentivos en épocas de bonanza y la escasez de recursos en tiempos difíciles ha frenado ese proceso. “Cada año que se pospone la renovación, se acumula una carga que amenaza la viabilidad futura del sector”, indicó Pérez.
El relevo generacional también es una preocupación creciente. Más del 50% de los cultivadores tienen más de 55 años, lo que plantea un riesgo para la continuidad productiva.
En ese sentido, la tecnología (IA) juega un papel crucial, no solo para mejorar la eficiencia y reducir la dependencia de mano de obra, sino para atraer a los jóvenes hacia un agro más innovador.
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Menos producción
En 2024, el fenómeno de El Niño redujo en un 7% la producción de aceite crudo de palma, y se prevé que sus efectos se extiendan hasta 2026. Frente a esta amenaza, se requieren acciones concretas en el manejo eficiente del agua, los nutrientes y la polinización, así como una mejora en las prácticas de poscosecha.
“No solo se trata de mitigar impactos, sino de mejorar los ingresos mediante el uso más eficiente de los recursos”, explicó Pérez.
La informalidad en la comercialización representa otro frente crítico. Cerca de 1.700 pequeños productores, equivalentes al 35% del total, no están vinculados a modelos formales de asistencia técnica ni de venta.
En regiones del norte y centro del país, proliferan las básculas ilegales, que distorsionan precios, afectan la trazabilidad del fruto y facilitan la evasión fiscal. Fedepalma calcula que estas prácticas generan pérdidas anuales superiores a 5.600 millones de pesos.
“Debemos fortalecer el modelo de núcleos y hacerlo más atractivo para los proveedores externos. Sin legalidad, no hay sostenibilidad”, expresó el líder gremial.
Seguridad
En 2024, los delitos que afectaron al sector crecieron un 24%, y en lo que va de 2025 ya han subido un 33% adicional. Robos de fruto, sifoneo de aceite y presencia de grupos armados generan un entorno de riesgo que impacta la inversión y la confianza.
Pérez hizo un llamado al Gobierno nacional para proteger la seguridad jurídica y física en el campo. Además de la importancia de garantizar que el proyecto de jurisdicción agraria mantenga la intervención de jueces como garantía de los derechos de propiedad.
Además de exigir la liberación inmediata de Yenni Salazar Sabaleta, hija del palmicultor Juan Salazar, secuestrada el 21 de febrero por el Eln. “Son más de 110 días de cautiverio. Este acto inhumano golpea no solo a una familia, sino a todo el país”.
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