El comercio ilegal de gas en cilindros continúa siendo un problema persistente en la ciudad, debido a los múltiples riesgos que representa para quienes manipulan este combustible sin contar con las medidas de seguridad requeridas.
Esta situación no solo pone en peligro a quienes comercializan o adquieren el producto de manera informal, sino también a la comunidad que convive cerca de los lugares donde se almacenan o manipulan estos cilindros de forma indebida.
Dentro de las prácticas consideradas ilegales se encuentran la adulteración de cilindros mediante el uso de envases no autorizados, la comercialización de cilindros robados o que no han recibido el mantenimiento adecuado, y su almacenamiento en viviendas que no cuentan con ningún tipo de protocolo de seguridad.
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Esta última práctica es especialmente preocupante, ya que expone a las personas que residen en esas casas a un alto riesgo de accidentes, al tiempo que representa una amenaza para los vecinos y demás habitantes del sector.
Un reciente hecho violento evidenció aún más el peligro latente de esta situación. Kenderson Rojas, un ciudadano que regresaba a su casa ubicada en el barrio San Luis, fue asesinado a disparos mientras llevaba un cilindro de gas que había adquirido en uno de estos puntos de venta ilegal.
Durante el ataque, Rojas soltó el cilindro, el cual fue impactado por una de las balas, lo que generó una situación de riesgo que tuvo que ser atendida por el Cuerpo Voluntario de Bomberos, cuyas unidades dieron solución a la emergencia.
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Empresas autorizadas
Ante este panorama, La Opinión consultó a Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del Gas Licuado de Petróleo (Gasnova), entidad encargada de representar a las empresas distribuidoras de gas (GLP)domiciliario en el país.
Martínez afirmó que en Cúcuta las compañías afiliadas a Gasnova que operan bajo los lineamientos legales son Colgas, Vidagas y Gas País. Además, existen otras empresas autorizadas como Norgas y Gases del Oriente, que también están capacitadas para prestar el servicio de forma segura.
Martínez explicó que la normativa vigente exige que las empresas operen únicamente en plantas de envasado certificadas, donde se pueden llenar exclusivamente cilindros de su marca.
Posteriormente, estos deben ser distribuidos a través de vehículos autorizados o expendios debidamente registrados, como tiendas, ferreterías o supermercados. Estos puntos de venta no están autorizados para llenar cilindros, y únicamente pueden comercializar productos de una sola marca, cumpliendo estrictamente la reglamentación.
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El vocero de Gasnova también informó que esta problemática ya ha sido puesta en conocimiento de la Alcaldía, a través de la Secretaría de Gobierno, así como de la Policía Nacional.
Ambas entidades están al tanto de la situación para iniciar los operativos necesarios en viviendas y bodegas donde se estaría realizando el almacenamiento y llenado ilegal de cilindros, muchos de ellos hurtados.
Martínez hizo un llamado enfático sobre los riesgos que conlleva la práctica del reenvase y recarga ilegal, advirtiendo que esta debe ser realizada únicamente por personal capacitado. Insistió en que la asociación está dispuesta a colaborar con las autoridades locales para ejecutar operativos y controles que permitan desarticular estas redes ilegales y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.
Además, envió un mensaje a la ciudadanía insistiendo en la importancia de que adquieren el servicio a través de los canales dispuestos por las empresas autorizadas.
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Acciones de las autoridades
Por su parte, el secretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos, indicó que el fenómeno de la venta informal de gas está siendo objeto de seguimiento conjunto con la Policía Nacional.
Según sus declaraciones, se está investigando la procedencia del gas, y se sospecha que podría estar ingresando desde Venezuela. El funcionario reiteró que esta modalidad de expendio, especialmente en viviendas, representa una seria amenaza para la seguridad tanto de los habitantes de dichas casas como de sus vecinos.
Las autoridades insisten en la necesidad de denunciar estos puntos de venta ilegales y recuerdan a la ciudadanía que adquirir el servicio por canales informales no solo implica una infracción ilegal, sino un riesgo directo para la vida.
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