Una demanda por pertenencia de tierras mantiene en pleito la propiedad de terreno ubicado junto a la Zona Franca que, según certificado de tradición y libertad, pertenece al municipio por transferencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

En noviembre del 2021, una persona jurídica interpuso la primera acción penal por “perturbación a la posesión del terreno” de más de 51.000 metros cuadrados, ubicado en la avenida Los Libertadores, entre calle tercera y quinta, cuando desconocidos ingresaron al lote para hacer una mejora.

Desde entonces, se han ido sumando otros particulares que aseguran tener títulos de propiedad del predio que fue transferido por el Gobierno Nacional a la administración municipal, para construir allí el Centro de Convenciones de Cúcuta, durante el gobierno de Donamaris Ramírez.

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Las alarmas se encendieron el 15 de febrero pasado, cuando desde la Zona Franca se percataron del ingreso de maquinaria  al lote para limpiar el terreno. Dos semanas después, el lugar fue cerrado con cubrimiento en tela verde.

Jairo Pulecio Franco, gerente de la entidad, manifestó que de un momento a otro estaban las máquinas en el lugar, por lo que notificaron de la situación a la Alcaldía de Cúcuta, a sabiendas de que el predio es un bien público.

“Se le escribió al alcalde y a la Secretaría de Gobierno Municipal porque, como tal, ese terreno no es de la Zona Franca, pero nos preocupa porque aquí hay mucha gente que se dedica a hacer invasiones y en un par de días lotean, tiran agua y montan un barrio rapidito”, declaró.

Pulecio dijo que, personalmente, se entrevistó con el alcalde Jairo Yáñez y le puso en conocimiento de la posible invasión. Más tarde, recibió una llamada de la directora de Planeación Municipal, Marcela Rodríguez, a quien le explicó la situación, pero al ver que nadie llegaba, se acudió al inspector de Policía.

Según el gerente de la Zona Franca, las personas que reclaman el terreno entraron en disputa con títulos de propiedad que datan del año 1800 en adelante. “Dicen que son herederos ancestrales, pero lo cierto es que en el registro de Instrumentos Públicos el documento de libertad y tradición de ese predio está nombre de la Alcaldía de Cúcuta”, precisó.

Una de las preocupaciones frente a lo que está sucediendo, es que en el lugar se pueda dar una ocupación ilegal por parte de personas que, ejerciendo un ánimo de señor y dueño, lleguen a aparentar que están cuidando y mejorando el espacio para invadir el terreno.

Todo esto a pesar de que, como lo establece la normatividad vigente en Colombia, los bienes públicos no son objeto de prescripción  adquisitiva de dominio, es decir, cuando alguien actuando como dueño sin serlo, en un tiempo determinado, se apodera de espacio si su propietario no lo reclama.

Ya había ocurrido

Fernando Del Corte, usuario industrial de la Zona Franca, recordó que esos terrenos que eran del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, fueron transferidos por metros cuadrados a distintas entidades como la Gobernación de Norte de Santander, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cúcuta.

Recordó que no es la primera ocasión en que se invaden los lotes aledaños a la Zona Franca porque son espacios con áreas verdes que tienen libre acceso.

“Sobre esa misma avenida quinta, en el terreno que quieren tomarse actualmente, unos 200 metros hacia el fondo, hay algo que ya hace muchos años unos invasores le quitaron a la Zona Franca”, reveló.

Del Corte dijo que de esta manera se han invadido la mayoría de los terrenos en Cúcuta y ve con preocupación que, de no tomarse acciones oportunas, el municipio y los cucuteños pierdan una propiedad que les pertenece.

Hizo un llamado a la administración para que defienda los bienes públicos, antes que el daño sea irreversible. “Una vez esas personas empiezan a construir ya se quedan con eso. Yo vivo en Cúcuta y eso no es de la Alcaldía, eso es de todos, porque se piensa que eso es del alcalde y los ciudadanos no saben que eso les pertenece”, dijo.

Statu Quo del terreno

El martes 14 de marzo, Henry Jesús Martínez, inspector Primero Urbano de Policía acudió al lote para retirar, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, la tela verde del cubrimiento que terceros colocaron para encerrar el predio.

Esto a raíz de una queja verbal que recibió alertando acerca de la intervención del predio que se encuentra bajo un proceso de perturbación de la posesión.

“Ese proceso ya está pendiente de la decisión del despacho. Creo que en dos semanas se hace, pero se había garantizado mantener el estado las cosas y cuando inició el proceso no estaban esas lonas verdes y hoy vinimos a hacer respetar la orden”, dijo.

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El inspector de Policía explicó que en el proceso intervienen varias partes, pero se inició el 8 de noviembre del 2021, cuando la sociedad Sotersa presentó una querella  debido a que unas personas ingresaron al lote para hacer una mejora.

Un mes después, la Gobernación intervino exigiendo por vía jurídica que se respetara el espacio propiedad del municipio. Sin embargo, a medida que pasan los meses se han vinculado al proceso otros supuestos propietarios.

En el terreno hay una valla donde el Juzgado Primero Civil de Cúcuta emplaza a las personas que se crean con algún derecho de intervenir en el proceso declarativo de pertenencia por prescripción extraordinaria de domino a vincularse al proceso donde aparece un particular como demandante.

Un predio municipal

Hidela Benitez, secretaria de Gobierno Municipal, informó a La Opinión que de acuerdo con la Oficina de Catastro multipropósito, el predio adjunto a la Zona Franca es propiedad del municipio desde el año 2011, por transferencia del ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Debido a que existe en curso un proceso legal en la vía ordinaria por pertenencia de tierra, el inspector de Policía no pudo iniciar el proceso policial y se limitó a mantenerse el Statu-quo del lugar, hasta cuando el juzgado defina los titulares de la posesión y del dominio del predio.

La funcionaria explicó que el alcalde, Jairo Yáñez, ha direccionado el terreno para la construcción de un proyecto estratégico para la ciudad y que a través de la Oficina Jurídica inició el proceso de pertenencia para hacer la debida defensa de los intereses del municipio.

La audiencia de decisión se llevará a cabo el próximo viernes 24 de marzo.

Veedor ciudadano

Un veedor ciudadano que portaba un carné a nombre de Hamilton Cobo y que lo acreditaba como “ciudadano fiscal” de la Contraloría Municipal de Cúcuta se presentó en medio de la medida policiva y dijo ser el responsable de las lonas que cercaban el predio.

Cuando se intentó consultarle acerca de la ubicación o contacto de las partes demandantes se mostró hostil y evitó cualquier acercamiento con el equipo de prensa.

La Opinión consultó con el contralor Municipal, Oscar Sandoval, quien informó que estas credenciales se entregaron el año pasado a 220 veedores ciudadanos y líderes sociales de Cúcuta para el acompañamiento y seguimiento en el ejercicio del control social y público.

Explicó que esos carnés no implican que los portadores sean funcionarios y que la vigencia de los mismos fue hasta el año pasado.

“Es importante decir que ellos firmaron un compromiso de ética y transparencia, en el cual no podían realizar ninguna acción sin el consentimiento y acompañamiento de la Contraloría”, aclaró Sandoval.

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