Dos meses después de haber sido radicado ante la Presidencia de la República un derecho de petición promovido por la Sociedad de Amigos de Norte de Santander, no se conocen respuestas de fondo a la iniciativa.
El documento, dirigido al presidente Gustavo Petro y a varias carteras ministeriales, plantea cuatro proyectos considerados estratégicos para el desarrollo económico y social de la frontera entre Colombia y Venezuela.
El vocero de la organización, Alberto Monroy, aseguró que la falta de pronunciamientos oficiales mantiene en incertidumbre iniciativas relacionadas con infraestructura, comercio exterior, formalización empresarial e integración binacional.
En el derecho de petición se solicita información de fondo del proyecto Tren del Catatumbo, del cual, pese a tener cumplidos los estudios de prefactibidad, no se conocen avances administrativos que conduzcan a la contratación de los estudios de factibilidad, “lo que causa incertitumbre frente a proyectos del mismo perfil que sí están avanzando en otras regiones del país”, dijo Monroy.
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Esta propuesta fue mencionada por el hoy presidente Petro durante su campaña presidencial de 2022, en un acto público realizado en la ciudadela de Juan Atalaya, en Cúcuta.
Según Monroy, el estudio de prefactibilidad contratado por el Departamento Nacional de Planeación y valorado en 7.000 millones de pesos fue entregado en diciembre de 2024. Desde marzo de 2025, el documento permanece en manos del Ministerio de Transporte y de la Agencia Nacional de Infraestructura, sin que hasta ahora se conozcan decisiones orientadas a impulsar el proyecto.
El dirigente sostiene que la iniciativa podría convertirse en un eje de integración logística para la región del Catatumbo y la frontera, especialmente en materia de transporte de carga y conexión con corredores estratégicos del oriente y norte del país.
Zona Económica Binacional, sin información oficial
Otro de los temas planteados tiene relación con la Zona Económica Especial Binacional, propuesta que involucra a los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio, Industria y Turismo.
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El documento advierte que no existe información pública sobre el avance institucional del proyecto ni sobre el estado jurídico de las demandas presentadas contra el Memorando de Entendimiento suscrito alrededor de esta figura.
Para la Sociedad de Amigos de Norte de Santander, la ausencia de definiciones limita las expectativas de empresarios y sectores productivos que esperan mecanismos estables para fortalecer el intercambio comercial con Venezuela.
La apuesta por una zona franca popular
La petición también insiste en la implementación de las Zonas Francas Permanentes Especiales para la Economía Popular y Solidaria, contempladas en el Decreto 1317 de 2025.
Monroy considera prioritario que esta figura entre en funcionamiento antes de agosto de 2026 en Cúcuta, como una herramienta para formalizar vendedores informales, fortalecer iniciativas comunitarias y ampliar las oportunidades de pequeños emprendedores.
Según la propuesta, al menos mil microempresarios podrían beneficiarse mediante esquemas asociativos y cooperativos inspirados en experiencias internacionales como el modelo Mondragón, desarrollado en el País Vasco, España.
Actualmente, la zona franca local alberga 22 empresas distribuidas en 27 hectáreas. Sin embargo, la organización sostiene que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo debe acelerar las condiciones administrativas que permitan habilitar una nueva etapa orientada a la economía popular.
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Un puente sin báscula moderna
Entre las solicitudes también aparece la instalación de una báscula de última tecnología en el puente internacional Puente Internacional Atanasio Girardot, conocido como puente de Tienditas.
Aunque la infraestructura fue concluida en 2016, su apertura oficial al tránsito de carga y pasajeros solo ocurrió en enero de 2023, tras la reapertura gradual de la frontera colombo-venezolana.
De acuerdo con Monroy, el corredor sigue operando sin un sistema moderno de pesaje para vehículos de carga, situación que —afirma— afecta los procesos de exportación e importación y dificulta los controles logísticos y aduaneros. La solicitud involucra al Ministerio de Comercio, la DIAN y la Agencia Nacional de Infraestructura.
“Una respuesta nada contundente”
La única contestación recibida hasta el momento provino del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En comunicación firmada por Ludys Esther Rodríguez Angulo, la entidad precisó que la creación de zonas francas surge por iniciativa privada y debe cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 2147 de 2016 y sus modificaciones.
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La funcionaria indicó que el ministerio no puede adelantar estudios, estructuración de proyectos o trámites relacionados con la viabilidad de nuevas zonas francas, debido a las competencias legales asignadas a esa cartera.
No obstante, el documento señala que el Gobierno nacional mantiene programas de capacitación y divulgación sobre el régimen franco, y recuerda que las zonas francas pueden establecerse en cualquier parte del territorio nacional, incluida Cúcuta, siempre que cumplan las condiciones legales vigentes.
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