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Cúcuta
Detalles del Puesto de Mando Unificado que instaló el Gobierno nacional en Cúcuta
Evalúan la posible declaratoria de una emergencia económica en la frontera.
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La opinión
La Opinión
Domingo, 4 de Enero de 2026

Este sábado, 3 de enero de 2026, el Gobierno nacional instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para coordinar el seguimiento, análisis y respuesta institucional frente a la coyuntura regional derivada de los recientes acontecimientos en Venezuela.

La medida busca articular acciones en materia migratoria, humanitaria, de seguridad, salud pública, paz y diplomacia, ante un posible impacto directo en la zona de frontera.

En materia migratoria, el Ejecutivo advirtió sobre desafíos específicos, especialmente en salud pública, por lo que decretó la alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza.

El Ministerio de Salud hizo un llamado a las EPS para que cumplan con sus obligaciones financieras y contribuyan a estabilizar el flujo de recursos hacia los hospitales. Recordó, además, que a finales de diciembre se giraron más de $600.000 millones a la red de servicios, lo que permite una disponibilidad complementaria de recursos.

Las autoridades reiteraron que la garantía del derecho fundamental a la salud aplica para todas las personas residentes en el país, sin discriminación, y destacaron que los municipios de frontera cuentan con equipos básicos de atención. De manera paralela, se activó una herramienta tecnológica de Registro Migratorio que permite monitorear en tiempo real el flujo de personas y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.


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Respuesta humanitaria y protección a la niñez

El PMU también abordó los desafíos humanitarios que podría generar la crisis. El Gobierno señaló la necesidad de intensificar acciones de solidaridad con la población venezolana, enfocadas en el acceso a alimentos, salud y educación, así como en la prevención de la xenofobia y la discriminación. En este frente, se destacaron los convenios vigentes entre el Programa Mundial de Alimentos y el ICBF.

La protección integral de niñas, niños y adolescentes fue señalada como una prioridad, con tres acuerdos de cooperación activos en Arauca, La Guajira y Norte de Santander, orientados a garantizar derechos fundamentales y atención a la población más vulnerable.

Seguridad y presencia militar en la frontera

En el componente de seguridad, se reconoció la alta complejidad de una frontera de más de 2.200 kilómetros, en la que actualmente hay más de 30.000 efectivos de la Fuerza Pública, con especial atención en la región del Catatumbo. Las autoridades alertaron sobre el riesgo que representan organizaciones criminales transnacionales como el Tren de Aragua y el Eln, en un contexto marcado por economías ilegales y vulnerabilidades históricas.

Las Fuerzas Armadas se mantienen en primer grado de alistamiento, con el objetivo de atender cualquier eventualidad y garantizar la soberanía, la defensa y la integridad territorial.

Paz, diplomacia y posibles medidas económicas

Desde el enfoque de paz, se resaltó el papel de organizaciones sociales y comunitarias en la construcción de rutas humanitarias y subrayó la necesidad de una protección especial para pueblos indígenas y víctimas del conflicto armado en la zona interfronteriza, particularmente en el Catatumbo.

En el plano diplomático, Colombia convocó para el próximo lunes una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y solicitó encuentros extraordinarios del Consejo Permanente de la OEA y de cancilleres de la CELAC, con el fin de articular una posición regional frente a la situación.

Así mismo, el Ejecutivo hizo una manifestación de apoyo al presidente Gustavo Petro por las declaraciones que hizo el mandatario estadounidense, Donald Trump en su contra. 

"Se expresa un total respaldo al presidente Gustavo Petro, así como el rechazo a las acusaciones que se han formulado en su contra. El presidente Petro fue elegido democráticamente por el pueblo colombiano, y es quien ha liderado la más contundente lucha contra el narcotráfico en la historia de Colombia y en la región". 

Finalmente, el PMU evalúa la posible declaratoria de una Emergencia Económica, ante los impactos derivados de la dinámica migratoria, y reafirmó el respaldo del Gobierno nacional a las autoridades departamentales y municipales de frontera.


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