Finalmente, luego de cinco meses de dilaciones al cumplimiento del fallo de segunda instancia proferido  por el Consejo de Estado, que mantuvo  la investidura del concejal Oliverio Castellanos, este, al parecer, ya fue  notificado sobre su regreso a la corporación, el cual podría materializarse la próxima semana. 

La información la dio a conocer el presidente de la mesa directiva, Edison Contreras, quien señaló que el concejal Carlos García Alicastro, quien venía ocupando desde marzo de 2025 la curul que dejó vacante Castellanos, ya fue informado de su salida de la corporación municipal, al igual que este último, sobre su reintegro.

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“Esperamos tenerlo aquí en las próximas sesiones, después de la Semana Santa”, dijo Contreras.

No obstante, minutos después de la declaración del presidente de la mesa, Oliverio Castellanos negó dicha notificación e indicó que la última comunicación recibida fue el pasado jueves 26 de marzo, cuando le llegó la solicitud de una serie de requisitos para proceder a su posesión. 

“Mi abogado refutó ese oficio porque yo no tengo que posesionarme, sino reintegrarme a mis funciones como concejal, de acuerdo al fallo de tutela del cinco de junio de 2025”, aseguró Castellanos, señalando que podría tratarse de un nuevo intento por seguir “burlando la justicia”.

Reconoció que, a pesar de que tal exigencia no corresponde con el procedimiento, igualmente hizo llegar los documentos solicitados, los cuales ya están cargados y disponibles para verificación de la parte interesada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), pero insistió en  que, “lo que ellos (el Concejo) han hecho es dilatar y dilatar”. 

El tiempo perdido 

El regreso de Oliverio Castellanos al Concejo de Cúcuta, donde venía representando al partido Cambio Radical, ha generado mucho ruido en la ciudad desde el año pasado, pues ya se cumplen trece meses desde que el corporado fue apartado del cargo. Y si bien, en junio de 2025, una tutela dejó sin efecto la sentencia que decretó inicialmente su muerte política, la disputa legal para que se cumpliera la orden judicial de su reintegro se prolongó un largo tiempo. 

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Al respecto, Castellanos consideró que en esta batalla por lograr el restablecimiento de sus derechos fue determinante la presión que ejerció a través de la opinión pública, luego que diera a conocer las múltiples trabas que le fueron impuestas desde la corporación, “inicialmente por Carime Rodríguez y luego por Edison Contreras mediante complot jurídico”, como calificó la acción. 

Señaló que frente a esas actuaciones, ya instauró denuncias ante la Fiscalía y elevó las respectivas quejas a la Procuraduría, y espera que se impongan las sanciones a que haya lugar, para “demostrar que con la justicia no se juega”. 

Consideró que por retrasar el cumplimiento del fallo del alto tribunal, los concejales Rodríguez y Contreras se enfrentan a sanciones disciplinarias y penales, que podrían derivar en destitución o penas de cárcel, de entre cuatro y ocho años. 

Regularán negocio de constructoras 

A propósito del Concejo, antes de iniciar el receso por la Semana Mayor fue radicado ante la corporación el Proyecto de Acuerdo 004, por medio del cual se busca regularizar el negocio de las constructoras, y dar cumplimiento a los tiempos de ejecución de los proyectos de vivienda, los cuales se vienen irrespetando, según el concejal Edison Contreras, ocasionando problemas a muchas familias cucuteñas. 

“Hay constructoras que le dicen a las personas que la entrega de las viviendas está para cinco años, y terminan demorando 10, 15 o 20 años, entonces, queremos hacer una regularización aquí en el Concejo de Cúcuta para que la comunidad tenga el respaldo de la administración municipal”, dijo el presidente de la corporación.

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