Finalmente y luego de 84 días, el Juzgado 3° Administrativo mediante el Auto No. 00471 - O modificó la medida cautelar interpuesta vía acción popular sobre el crédito de 287.500 millones de pesos, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal a la Alcaldía de Cúcuta, a través del proyecto de acuerdo 022 de 2024.
El fallo se dio luego de que ese juzgado determinara que, aunque la medida fue válida en su momento, afectaba indebidamente contratos ya establecidos, por lo que decidió modificarla y aclarar que no se aplicaba en los acuerdos suscritos con las entidades financieras Bancolombia, Banco de Bogotá y el BBVA.
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El congelamiento de estos recursos se dio luego de que Luis Hernando Barrios Ortiz iniciara el pasado seis de marzo una acción popular contra el Municipio de San José de Cúcuta, el Concejo Municipal, Bancolombia y Findeter, bajo el argumento de que con la aprobación del crédito se veían amenazados los derechos colectivos relacionados con el patrimonio público, la moral administrativa y la sostenibilidad fiscal.
En su momento, el juzgado emitió la medida y ordenó al Municipio la suspensión de cualquier desembolso o actividad vinculada al crédito aprobado, así como que Bancolombia y Findeter debían abstenerse de hacer lo mismo.
Revocatoria de la medida
La solicitud de revocar la medida llegó el pasado 26 de mayo, a través de otra acción ciudadana, la de Martín Santos, un reconocido líder y jurista de la ciudad, quien actuó en calidad de coadyuvante del extremo demandado, haciendo entender al juez que se había excedido en sus competencias.
En este sentido, Santos explicó que “los jueces no tienen competencia para suspender contratos que ya están acordados, ya que estos son el resultado de acuerdos de voluntades y no de actos administrativos unilaterales”.
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Añadió que, en todo caso, el único que tiene esa competencia es un juez en actuación de medios de controversia contractual.
Dijo que lo que está pendiente es una apelación ante el Tribunal Administrativo, pero ya no para verificar la legalidad de todas las actividades relacionadas al crédito, sino revisar la justificación de una medida cautelar, si tendría lugar hacia futuro.
En este sentido, señaló que la demanda tal como está contemplada, si bien es cierto que anuncia algunos hechos que podrían tener algunas connotaciones, como que desborda la capacidad de endeudamiento, o que hubo irregularidades en el trámite, “eso es competencia de otras instancias, como la Fiscalía, Procuraduría, o el mismo Ministerio de Hacienda, pero la acción popular no es el contexto para debatirlo”, dijo.
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Adicionalmente, indicó que en este caso se actuó bajo un argumento muy subjetivo, “y en temas de patrimonio tiene que haber una prueba evidente, no un supuesto”.
“En resumidas cuentas, esto ya llegó hasta aquí y la Alcaldía ya puede disponer de esos recursos, continuar con todo lo que tiene que ver con los fondos financieros, con las obligaciones que se derivan”, señaló Santos.
Así las cosas, la administración municipal tiene vía libre para ejecutar los recursos aprobados en los contratos crediticios con las entidades Bancolombia, con la que acordó un préstamo por un total de 100.000 millones, desembolsados en dos partes ($66.000 y $34.000 millones), Banco de Bogotá, un monto de $90.000 y BBVA $97.500 millones.
Con la plena disponibilidad del dinero, el abogado y veedor espera que la administración cumpla su parte. “El balón queda en su cancha, ahora lo que uno espera es que el trabajo se haga tal y como está programado, con bastante austeridad, con planeación y que no se vaya a desperdiciar la plata, porque al fin y al cabo esto lo pagamos los cucuteños con nuestros impuestos”, expresó Santos.
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