La deuda del sistema de salud con la industria farmacéutica en Colombia asciende en 2026 a más de $4,7 billones, de los cuales $1,8 billones corresponden a cartera vencida. Así lo revela una reciente medición realizada por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en alianza con la firma Sectorial, que da cuenta de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud en el país.
De acuerdo con Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de Afidro, la mayor parte de la cartera corresponde al canal institucional.
El directivo señaló que el estudio no solo expone cifras técnicas, sino que también refleja la magnitud de la coyuntura que está afectando la atención de miles de pacientes.
Por su parte, Alejandro Escobar, gerente estratégico de la firma Sectorial, explicó que una de las principales causas del endeudamiento es la insuficiente inyección de recursos por parte del Gobierno nacional.
Indicó que, aunque el año pasado la Adres giró $95,5 billones al sistema de salud, ese monto resulta insuficiente frente a las necesidades crecientes del sector.
“Desde 2024, analistas técnicos han advertido que el incremento de los recursos debería ser de al menos un 15 %. Sin embargo, en 2025 el aumento fue del 6,9 % y para 2026 se definió un incremento del 9,03 %”, puntualizó Escobar.
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El representante de Sectorial aseguró que las deudas, sumadas a la falta de recursos suficientes, han afectado la estabilidad financiera de los distintos actores del sistema de salud, entre ellos aseguradoras, prestadores de servicios y gestores farmacéuticos.
En cuanto al impacto para la ciudadanía, Escobar afirmó que cerca de 23 millones de personas en Colombia se ven afectadas por estas dificultades.
Como ejemplo, mencionó el caso de Nueva EPS, donde el deterioro administrativo y financiero está teniendo efectos directos en la atención de 11,7 millones de afiliados.
El gerente estratégico también señaló que esta situación se ha reflejado en el aumento de las quejas de los usuarios, que durante el año pasado alcanzaron un promedio de 180.000 mensuales.
“El panorama se ha agravado a medida que crecen las deudas. Incluso, muchos laboratorios han optado por eliminar algunas cuentas por cobrar al considerar poco probable recuperar esos recursos. Este concepto se conoce como cartera castigada”, explicó Escobar.
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En ese sentido, Sectorial indicó que, aunque los laboratorios establecen plazos superiores a 100 días para recibir pagos, el nivel de cartera vencida sigue en aumento, al pasar de 17,5 % en diciembre de 2023 a 37,4 % en diciembre de 2025.
Según los directivos, este incremento sostenido en la cartera vencida y castigada refleja una crisis de liquidez que dificulta la planeación operativa de los actores del sistema y pone en riesgo la continuidad de los servicios y el acceso oportuno a tratamientos.
En la actualización de los datos, Afidro y Sectorial también advirtieron que, de no corregirse esta situación, el déficit financiero podría alcanzar los $37 billones a finales de este año.
Además, señalaron que esto podría generar un mayor número de reclamos, aumento en la siniestralidad y un crecimiento en la migración de usuarios hacia regímenes privados.
Posibles soluciones
Como una de las alternativas para enfrentar la crisis, Alejandro Escobar señaló que el Gobierno nacional debe destinar los recursos necesarios para garantizar la estabilidad del sistema de salud. También destacó la importancia de establecer mayor claridad en el giro de los recursos y definir una metodología que permita abordar la problemática.
Por su parte, Afidro propone crear mesas de trabajo con el Gobierno, aseguradores, prestadores y expertos para diseñar soluciones basadas en datos actualizados. Asimismo, plantea modernizar la metodología de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), incorporando variables como el envejecimiento poblacional y la creciente demanda de servicios.
Entre otras medidas, el gremio sugiere fortalecer la transparencia y la trazabilidad en el uso de los recursos, además de explorar fuentes complementarias de financiación que ayuden a aliviar la presión estructural sobre el sistema.
“Estamos ante una crisis de liquidez que no solo impide que los actores del sistema cumplan oportunamente sus obligaciones financieras, sino que además se profundiza mes a mes, reduciendo cada vez más el margen de operación. Aún estamos a tiempo de tomar decisiones responsables que protejan su viabilidad y, sobre todo, la vida y la salud de los pacientes, que deben estar en el centro de cualquier solución”, concluyó Ignacio Gaitán.
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