El ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, propuso como una solución a corto plazo para el problema de hacinamiento en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Cúcuta, su ampliación con una especie de dos modulares con capacidad para 170 internos y cuyo valor oscilaría en los $14.000 millones.
El representante del Gobierno Nacional visitó ayer la ciudad para conocer de primera mano las condiciones en que viven las personas privadas de la libertad, tanto en la cárcel como en las Unidades de Reacción Inmediata (URI), de la Fiscalía, y estaciones de Policía, reconociendo que el sobrecupo en estos lugares es considerable.
El jefe de la cartera de Justicia se declaró sorprendido porque “esta cárcel tiene capacidad para 2.800 internos, pero infortunadamente hay aproximadamente 3.300. Lo mismo ocurre en las URI de Cúcuta, con capacidad para 112 internos y en la actualidad tienen más de 700”.
Informó que el presidente Iván Duque, junto al ministro del Interior, Daniel Palacios, y el Ministerio de Justicia, presentaron en Puerto Gaitán (Meta), el proyecto de construir 10 cárceles transitorias de orden nacional, destinando recursos por $40.000 millones. La idea es que los otros $40.000 millones sean aportados por los alcaldes o los gobernadores, para que no sea solamente una responsabilidad del nivel central.
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“El Gobierno Nacional tiene las puertas abiertas para que el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, ahora que estamos acá, me hagan una propuesta y nos digan cómo nos van a contribuir económicamente, para poder construir otra cárcel o pensar en una ampliación, si hay capacidad para hacerlo”, planteó Ruiz.
El funcionario se mostró partidario de trabajar con los modulares, pues explicó que así se podría ampliar la cárcel y contar con una capacidad para 170 internos, con un costo de $7.000 millones. “Se construiría entre 10 y 11 meses, siendo la forma más practica porque ya los servicios públicos están instalados, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) está allí, y no sería sino ampliarla, como se ha venido haciendo en varias ciudades del país, como el Bosque de Barranquilla, en Santa Marta o en Itagüi, entre otras”, dijo.
El ministro reiteró que aunque existe una obligación de los alcaldes y gobernadores frente a los sindicados, según el Plan Nacional de Desarrollo y la Ley 65 de 1993, el Gobierno no tiene la intención de delegarle todo a las entidades territoriales, sino que está haciendo presencia para darle solución a un problema de hacinamiento, que no solo es de Cúcuta y Norte de Santander, sino de todo el país.
Recordó que cuando llegó al cargo, en septiembre de 2020, las cárceles tenían un 54,5% de hacinamiento y hoy esa cifra está en el 21,3%, gracias al decreto expedido por el Gobierno ante la pandemia de la COVID-19, y al diálogo con todos los jueces y magistrados del país, para que se pueda ir otorgando la libertad, si a ello hay lugar, como fórmula para descongestionar los penales.
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“Hay que tener en cuenta que los 131 establecimientos del orden nacional tienen capacidad para 82.000 internos, pero tenemos allí, y en las URI, más de 120.000 interno, según datos al 7 de abril de 2021”, señaló.
El ministro Ruiz destacó que una buena noticia frente a la COVID-19, es que el virus está controlado en las cárceles y que el 60% de los internos mayores de 60 años ya está vacunado en la región.
