La revelación de las interceptaciones al asesinado José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández en las que habla con otra persona sobre la presunta entrada de plata, “por debajo de la mesa”, para financiar la candidatura de Duque en La Guajira en 2018, es la segunda acusación de fraude electoral contra el presidente en menos de un mes, tras las declaraciones de Aída Merlano. 

De esta manera se amplía la sombra de duda sobre la legitimidad de origen del mandatario, puesto que se trata no solo de la sospecha de compra directa e indirecta de votos, sino también de la probable financiación espuria de una parte de la campaña.

Lo anterior es, también, una variante más de la crisis ético-moral en que ha estado inmerso el ejercicio de la política. Crisis que se refleja, entre otros fenómenos, en que no han sido muchas las carreras políticas que han terminado por escándalos de ese tipo, debido a que mucha gente- engañada con la atosigante propaganda financiada de manera espuria- sigue votando por los mismos(as) o sus allegados. 

Y esto en el mejor de los casos, pues en el peor muchas personas, especialmente de la costa atlántica, vende su voto al mejor postor.

Lo cierto es que de tiempo atrás algunos analistas suponen una ciudadanía hastiada frente a una clase política que con cada escándalo se hunde más en el desprestigio, pero cada cuatro años sus análisis fallan porque, salvo honrosas excepciones, las maquinarias para obtener votos comprados, directa o indirectamente, siguen funcionando, resultando elegidos no precisamente los de mejores propuestas y más confiables.

¿Qué hacer? Hay que apuntar más en serio a la depuración del acceso al ejercicio del poder político, haciendo más transparentes las elecciones y claro está la meritocracia para el nombramiento en cargos públicos. Y en esta dirección, además de la financiación estatal de las campañas -principalmente en especie y con listas cerradas al congreso-, una de las medidas eficaces es la de establecer el voto obligatorio.

Buena parte de los argumentos en contra giran alrededor de la limitación de la libertad de los ciudadanos. Pero en esa lógica también se coarta la libertad con los impuestos o los peajes. En realidad, la discusión está en si la libertad de elegir es un fin en sí mismo, o es un medio para alcanzar otro fin mayor cual es el de mejorar la transparencia de las elecciones.

Los abstencionistas dirán ¿me van a obligar a votar por alguien que ni conozco ni me inspira confianza, o por los mismos de siempre? Pero no son argumentos válidos, pues ellos tienen otras opciones: voto en blanco o tarjetón no marcado. También tienen la opción de elevar la exigencia a los medios de comunicación para que faciliten un mejor conocimiento de los candidatos y sus propuestas.

En fin, con el voto obligatorio mejora la democracia y se diluyen los incentivos para comprar o vender el voto, sin aquel siempre habrá un espacio para los negociantes en las elecciones.