Los colombianos debemos ser conscientes de que en la próxima elección presidencial no se estará simplemente eligiendo a un presidente, sino que, dependiendo de quién gane el solio de Bolívar, la institucionalidad nacional puede estar en grave riesgo.

Durante este agonizante gobierno, estuvimos bajo la permanente amenaza de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, so pretexto de lograr por esa vía las reformas sociales que, según el presidente, no se discutieron ni aprobaron en el Congreso. Medio país creyó y cree, que detrás de tan altruistas intenciones no había otra cosa distinta que “cobrar venganza” al legislativo y a las altas cortes por no dar vía libre a cuanta “propuesta de cambio”, presentó el gobierno y, de paso, modificar el modelo económico, de Colombia.

Con frecuencia, cuando las decisiones de las cortes no le eran favorables, el ejecutivo arremetió contra el poder judicial, especialmente contra el Consejo de Estado a quien ya, un candidato, amenazó con eliminar si gana las elecciones.

Paradójicamente, quienes proponen su eliminación son los mismos que enarbolan, para todo, las banderas de Bolívar, creador de esa Institución de origen francés que buscaba y busca, especialmente a través de su Sala de Consulta, asesorar a los gobiernos a través de sus conceptos para evitar desmadres autoritarios ilegales e inconstitucionales. Si el equilibrio de poderes se manda al traste, entonces solo quedan los “embrujos autoritarios”, en los que suelen caer los presidentes con ínfulas de emperadores. Y de esto no se salvan ni los de derecha ni los de izquierda, dos tendencias, por cierto, igualmente maniqueas.

El presidente Petro no ha sido el único que ha asumido esa posición en contra del poder judicial. También lo hizo Álvaro Uribe quien, recordemos, propuso que deberíamos tener “una sola Corte con magistrados visibles que lleguen allí después de los 55 años”. El enfrentamiento del mandatario en ejercicio y luego en su calidad de expresidente contra las cortes fue más que evidente, así lo presentara bajo el disfraz de austeridad económica y funcional. Allí se escondía una venganza contra el poder judicial que le impidió, entre otros, lograr un tercer mandato.

Nadie desconoce la necesidad de mejorar la institucionalidad colombiana. “Padecemos” la pandemia de un mundo que en todas las latitudes se mueve en virtud de las guerras o impulsado por crisis internas, en busca de transformar sus estructuras económicas, sociales y jurídicas de Estado.

En las últimas campañas presidenciales se ha vuelto recurrente, con gran énfasis, hablar de posibles constituyentes, como si en lo que va de vigencia de la Constitución de 1991 no lleváramos más de 60 reformas a la Carta. Pero, lo que hay detrás de esas propuestas, es la pretensión de cambiar la estructura del estado colombiano, en una Nación que está lejos aún de quererlo y permitirlo.

El sofisma se presenta cuando uno de los candidatos más opcionados y heredero del discurso constituyente, anuncia que esta no será su prioridad y que, primero, debe haber un “acuerdo nacional amplio”. La pregunta, entonces, sería: si en ese acuerdo no se llega a los consensos que el eventual gobierno propone, ¿echa a andar la aplanadora de la constituyente o adopta los puntos acordados o estaremos sometidos a otros cuatro años más de decretos improvisados, tumbados por las cortes y en permanente rifirrafe entre las tres ramas del poder público?

Porque mientras nos debatimos en las imposiciones ideológicas, que por cierto pareciere no henos aprendido del resultado que estas dieron en algunos vecinos, el tema de la prestación de los servicios de salud se agrava, el déficit fiscal aumenta, las cifras económicas se maquillan, el derroche burocrático se dispara, la corrupción se volvió paisaje, entre otros muchos males pendientes de abocarse.

Incluso, por estos días, el esfuerzo de todos los candidatos es reputarse como poseedores del centro político. Parecieran avergonzarse de sus reales pretensiones políticas: ¡qué susto! Pero, lo que esto muestra y que a la vez resulta paradójico, es que los colombianos somos mayoritariamente una Nación de Centro, pero que el narcisismo político de quienes dicen representarlo, sin excepción, no ha permitido consolidar un solo liderazgo, para enfrentar los extremos.

El país que en más de doscientos años de República hemos construido, ciertamente no es el mejor. Pero tampoco, el peor. A pesar de todos nuestros males disfrutamos de libertades, de posibilidades, de una admiración por parte de propios y extraños, de unos ejemplos institucionales reconocidos por la comunidad y el derecho internacional.

¿Quién niega la necesidad de cambios, de mejoras en todos los sentidos? Sí, pero no así, a los trancazos, haciendo borrón y cuenta nueva como si fuera el primer día de la creación. ¿Por qué no ir hacia una transición ordenada y respetuosa con las instituciones? Hoy, por ejemplo, el modelo político, y digo modelo, aunque no tengo certeza de que así sea, el que ha gobernado durante estos cuatro años, ganó a través de un partido único las elecciones legislativas.

Bueno, esperemos ver si los nuevos congresistas, ellos incluidos, harán respetar la tripartición del poder o simplemente serán borregos dispuestos a votar a pupitrazo limpio, las iniciativas del próximo gobierno, cualquiera que este sea; o se plegarán a las prebendas que les ofrecen para ello.

Son más de doscientos años construyendo República. Somos un Estado joven con instituciones bien diseñadas, pero perfectibles, que merecen ser tratadas con conocimiento, respeto y entregadas en manos éticas, de experiencia y experticia comprobada y no de activistas inexpertos y deseosos de desfalcarlas para su propio provecho.

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