Muy preocupantes las noticias recientes sobre más homicidios colectivos. Su sensible aumento denota la reactivación de monipodios, redes criminales organizadas, disidencias de la antigua guerrilla y aumento de las hostilidades del Eln. Lo más grave es la saña con los jóvenes: nueve en Samaniego, Nariño; otros más en Cali y en Cauca; otros en Antioquia y Norte de Santander. Seis matanzas en una semana; ocho, en dos. No hay que ser Roso José para deducir que si esta violencia es contra jóvenes, es por el ansia de las bandas de narcotráfico, sicariales, de extorsión, del gota a gota y otras pústulas de nuestra erisipela nacional, de reclutarlos para fines nefarios.
El número de víctimas fatales de masacres venía bajando sostenidamente desde 2010: de 183 muertos en ese año, bajó a 61 en 2017; así, disminuyó en un 66% en 8 años. El año con más víctimas de masacres fue 2003 con 504 personas masacradas, casi 2 por día. En cuanto al número de casos, también bajó constantemente desde 2011, año con 37 sucesos, a 12 en el 2017. El año con el mayor número de casos de masacres, fue también 2003 con 94 eventos; uno cada cuatro días.
No es fortuito el descenso de esta terrible modalidad homicida, a la par con la maduración del proceso con las Farc. En la medida en que se avanzaba en la negociación, los números bajaban en sucesos y en víctimas. Cuando se cerró el acuerdo en 2016 y se empezó a implementar, bajamos a los menores niveles de violencia colectiva desde 2003 y registramos 9 casos. Es obvio: la consecuencia fue un actor menos en el conflicto, no uno cualquiera, sino el más poderoso, peligroso, inmisericorde y con las actitudes más violentas salidas no solo de su agenda revolucionaria extrema y anacrónica, sino de sus años de contacto y contagio con las mafias de las drogas. Lo malo se pega más fácilmente que lo bueno.
Consecuentemente, las Fuerzas Armadas se pudieron focalizar en los remanentes de violencia y crimen organizado, al no tener que dedicar sus recursos, cuantiosos por lo demás, a combatir a quienes se habían ya desmovilizado. Hubo en 2017 y 2018 avances notorios en la lucha contra estos factores, incluida la incautación récord de cocaína, en 2017, de 435 toneladas avaluadas en quince mil millones de dólares si hubiesen llegado a Nueva York y, en el doble, si a Europa o Australia. Esta cifra de incautaciones no se ha repetido más; ojalá sea superada.
Dura verdad es que en 2019 retrocedimos a los niveles de 2007 en materia de masacres. El año pasado, víctimas y casos son aproximadamente el doble de los de 2018; y lo que va de 2020, hasta agosto, es aún peor: los casos y las víctimas son más que los del año pasado, acelerando muy notablemente en las últimas semanas. No se ve mejoría, sí empeoramiento; y eso que con la cuarentena de la COVID, este delito es más difícil de perpetrar. Ojalá que al levantarse el aislamiento este primero de septiembre, los números no se desboquen aún más.
Razón tiene el General Mayorga, comandante de la Tercera División del Ejército, al apuntar que las tropas solas no son la solución; sí lo es la lucha decidida contra todo foco de delito, sea narco, común o Eln, adicionada con presencia institucional pública y privada. Santos lo hizo cuando dejó la implementación de la paz marchando bien. El resto del estado se pudo dedicar a ocupar los territorios. Y también a combatir las amenazas residuales financiadas con el producido de los cultivos de coca, duplicados entre 2013 y 2015 por desidia ministerial y que se están erradicando mejor desde 2017 hasta hoy, con los EE.UU.
Al descaecer la paz, tendremos que dedicar esfuerzos y recursos, ahora escasos y caros, a parar el retroceso de estos dos años. Misterio es el motivo del rechazo a una solución a la violencia, como lo son los Acuerdos de La Habana. Han probado ser de costos y frutos razonables para una sociedad civilizada: uno de ellos, menos masacres.
*Exministro de Defensa
