La semana que termina volvió a ser noticia Venezuela por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del vecino país de inhabilitar por 15 años a la dirigente de oposición Maria Corina Machado. Más allá de las opiniones sobre la candidata que tiene las mayores posibilidades de derrotar al Presidente Maduro, es evidente que la medida adoptada por una instancia judicial que nadie considera independiente, es un duro golpe al proceso electoral y constituye una burla al espíritu y la letra del Acuerdo de Barbados suscrito por gobierno y oposición.

El eje central de este acuerdo, que permitió la flexibilización de sanciones de USA al régimen venezolano y el intercambio de prisioneros en el que se liberó a Alex Saab, es la celebración de unas elecciones libres, transparentes y con observación internacional. Es ese además el único camino para asegurar una transición democrática y pacífica. Lamentablemente, el susto a la candidata más radical de la oposición, lleva al gobierno a ponerle conejo al acuerdo y esa decisión tendrá repercusiones en Estados Unidos y la Unión Europea.

El panorama ahora es de incertidumbre total frente al futuro. El Acuerdo de Barbados quedó herido de muerte y hoy no se sabe cuándo serán las elecciones, ni quienes los candidatos en competencia. Es innegable que Maduro teme al crecimiento electoral de Machado y a su posición extrema contra el chavismo. No está dispuesto a asumir el riesgo de perder el poder.

La reacción inicial de la oposición, con la solidaridad de la comunidad internacional encabezada por USA, ha sido la obvia de presionar al gobierno para que reverse la decisión. Sin embargo, parece poco probable que logren el objetivo y según parece Maduro se encuentra dispuesto a someterse de nuevo a las sanciones, antes que a permitir unas elecciones abiertas y transparentes.

Con el paso de los días la posición radical en los sectores anti-gobierno seguramente perderá fuerza por las divisiones internas y surgirán voces con propuestas distintas que garanticen una opción unitaria y viable jurídicamente. Una de las alternativas sería buscar una candidatura de consenso, apoyada abiertamente por la dirigente opositora, que tendría iguales opciones de triunfo si se hace una buena campaña y se comprometen todos.

Sin duda alguna sería una estrategia audaz que puede crecer en los próximos días y pondría contra las cuerdas al gobierno, que no cuenta con margen de maniobra suficiente como para dedicarse a inhabilitar a cada candidato de oposición que salga a la palestra.

La salida que se decida finalmente será un buen termómetro de la madurez de la dirigencia política venezolana y veremos sin son capaces de poner la suerte del país por encima de sus aspiraciones personales y rencillas de las últimas décadas.

Si la oposición acuerda una única candidatura respaldada por María Corina, que sea difícil de vetar para el gobierno y sus aliados en el poder judicial, podría recuperarse un camino de entendimiento para retornar a la esencia del acuerdo de Barbados y garantizar unas elecciones que, a pesar de la arbitraria inhabilitación, cuenten con legitimidad interna e internacional.

El papel que juegue Estados Unidos en este proceso será fundamental y, al no descartar la imposición de nuevas sanciones al petróleo venezolano, ejerce una fuerte presión que Maduro no puede ignorar.

En cualquier caso, el mejor escenario para Venezuela, más allá de Maduro y la oposición, sería definir cuanto antes un calendario electoral que conduzca a unas elecciones en las que existan unas mínimas garantías por parte del gobierno y en las que la oposición no repita las equivocaciones del pasado al dividirse o llamar a la abstención.

Ya lo hicieron en el 2018 y el resultado fue desastroso. El papel entonces de María Corina Machado en las próximas semanas será crucial para definir el futuro de Venezuela.

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