En diciembre del año pasado los distintos medios de comunicación calificaron como exitosa la agenda legislativa del primer gobierno de izquierda democrática en el país. Los analistas en forma ligera hablaron del triunfo de la “aplanadora petrista”, para referirse a la amplia e incoherente coalición que se había conformado en el Congreso. No se detuvieron a pensar en que las leyes tramitadas eran solo la repetición en el tiempo de las que se aprueban al inicio de todos los gobiernos. Siempre hay una reforma tributaria en el arranque de cada administración, que sin excepción se vota por las mayorías del momento. También desde 1997 se aprueba cada cuatro años una prórroga a la original Ley 418, que define la política de paz y orden público de cada gobierno. No se presentaron en ese primer periodo iniciativas de fondo que pusieran a prueba la coherencia e identidad de una coalición, que todos sabían, se rompería cuando el Gobierno presentara reformas como la pensional, laboral o de salud.

Las que si se aprobaron en primera vuelta en diciembre y se ratificaron en la segunda, a pesar de la disolución de la coalición, fueron algunas iniciativas como la creación de la jurisdicción agraria en desarrollo de los acuerdos de paz; el acto legislativo que reconoce al campesino como sujeto de derechos y la ley que ratifica el Acuerdo de Escazú. Curiosamente estos proyectos salieron adelante en este gobierno de izquierda, con el apoyo de los mismos partidos que los habían enterrado un año antes con las orientaciones del gobierno de derecha de Duque. Sin embargo, la coalición se reventó cuando el gobierno resolvió presentar al mismo tiempo tres reformas sociales de fondo, que reversan políticas públicas de los años 90 en materia laboral, pensional y de salud. El equipo de gobierno debió prever esa ruptura en la medida en que para partidos como el de la U y Conservador, de derecha o centro derecha, esas reformas, más allá de sus aspiraciones burocráticas, significan un giro a la izquierda, hacia una mayor intervención del estado en la economía, que genera inquietudes y rechazo en su electorado. Y en el caso liberal, la jefatura de César Gaviria imposibilita esos acercamientos ya que las reformas de Petro desmontan las políticas neoliberales que en los años 90 impulsó el hoy jefe del partido.

En la medida entonces en que el Gobierno se mantuvo firme, sin mayores concesiones en sus apuestas, el remate de la legislatura se convirtió en una pesadilla para las aspiraciones oficiales. Faltó realismo y estrategia, sobró entusiasmo, improvisación y voluntarismo. La reforma pensional solo alcanzó a tener un debate en la Comisión VII de Senado con una precaria mayoría, que quedó claro además no se reflejará en la plenaria de la corporación, porque los partidos más grandes están subrepresentados en esa célula legislativa. La de salud se aprobó con dificultades en la Comisión VII de Cámara, pero perdió su impulso inicial ante la falta de acuerdos sólidos entre las bancadas de los denominados partidos bisagra y el Gobierno. La suerte de la laboral fue aún más dramática. Nunca logró despegar en la Comisión VII, y en una jugada tan equivocada como desesperada, el Gobierno acudió a argucias reglamentarias para lograr una apretada aprobación del informe de ponencia, que no le alcanzó para que el proyecto hiciera tránsito. Tendrá que presentarla de nuevo, ojalá con mayores niveles de concertación.

Si el Gobierno persiste en sus reformas es necesario disminuir el clima de radicalización verbal e impulsar en forma franca unos mínimos acuerdos que permitan que su aprobación sea fruto de la concertación y no de la imposición de una parte de la sociedad en contra de la otra. Unas reformas leídas como la victoria del “pueblo” contra “la oligarquía y el establecimiento” difícilmente tendrán posibilidades de éxito en el legislativo. Cambiar esa narrativa es el gran desafío que tiene el gobierno por delante si quiere insistir, como debe hacerlo, en unas reformas que son necesarias para el país.

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