La política en Colombia tiene muy evidentes distorsiones. En muchos casos pareciera no estar hecha para servir colectivamente como debiera ser sino destinada a confabularse con intereses excluyentes. Las colectividades que debieran ser la expresión de los anhelos populares funcionan a la medida de grupos que utilizan el poder en beneficio de minorías protegidas por beneficios de reprochable mezquindad.

Es recurrente la postura retardataria de muchos de los que llegan a los cargos oficiales o a las instituciones de función gubernamental. Así la nación ha acumulado problemas que degradan las condiciones de vida en el conjunto de la comunidad.

Uno de los pilares de mayor capacidad decisoria es el Congreso, en sus dos cámaras, en el engranaje de la rama legislativa del poder público. Esa institución, con sus 296 miembros de elección popular está llamada a ser relevante en su funcionamiento legislativo, en el sentido de aportar las soluciones que demandan tantos problemas de nocivos efectos en la sociedad.

Sin embargo, el Congreso tiene un comportamiento negativo con respecto a las demandas sociales. Casi siempre ha contado con mayorías que se niegan a reconocer la urgencia de ponerle fin a factores que diezman la construcción de una nación democrática.

Con desconocimiento del poder popular muchos congresistas actúan a contravía de las demandas prioritarias. Así se han comportado en estos últimos años. Ejercen la oposición no con criterio correctivo sino más bien con el afán de debilitar la gestión del gobierno.

Es negativo el Congreso cuando no delibera y prefiere archivar los proyectos con tal aplanadora.

El ausentismo recurrente para desbaratar el quorum en las sesiones se convirtió en hábito. Pero también es una señal negativa la promoción de narrativas destinadas al desahucio de iniciativas de común beneficio.

La complicidad del Congreso con sectores que se niegan a la promoción de un nuevo desarrollo en el país que erradique las brechas de la desigualad y de otros males pareciera ser un negocio rentable de quienes así actúan. Y de allí se desprende la mala imagen de la institución legislativa. Los repetidos intentos de invalidar la aprobación de la reforma a la salud cuenta con el estímulo de las EPS que han negociado sin pudor con los recursos estatales. Así la convirtieron en un botín propio y la anularon como derecho fundamental.

Se impone sacar al Congreso de ese laberinto mediante un ejercicio consciente de los ciudadanos a la hora de ejercer su derecho a elegir. Esto quiere decir que se participe en el escrutinio previo de quienes buscan llegar al Senado o a la Cámara. Se necesita contar con mayoría formada por personas solidarias con el bienestar de los colombianos.

Para garantizar la democracia el Congreso debe estar integrado por personas que reconozcan los derechos sociales y no por fichas de clanes que son proclives a la violencia, a la corrupción y al descrédito de Colombia en el exterior.

No se puede festinar el ejercicio electoral llevando al Congreso a quienes no les hacen honor a la democracia. Que lleguen todas las tendencias pero unidas con el común denominador de las convicciones democráticas.

Puntada

La transparencia de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral en el manejo de las elecciones no puede estar en dudas y debe permanecer abierta al escrutinio público sin restricciones.

ciceronflorezm@gmail.com

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion