Hace ya más de un año el Presidente Petro anunció un ambicioso paquete de reformas sociales. En ese entonces contaba con unas amplias mayorías en el legislativo,fruto de una amplia coalición en la que incluso participaba el Partido Conservador. Hacían parte del equipo de gobierno dirigentes que nunca habían militado en el Pacto Histórico como José Antonio Ocampo, Alejandro Gaviria,Cecilia López y Jorge Iván Gonzalez,entre otros.

La discusión sobre la agenda social arrancó con fuertes controversias,no solo en el Congreso y la opinión pública,sino también al interior del gabinete. Hoy el balance es muy negativo. La coalición estalló en mil pedazos,salieron los ministros moderados y la agenda social de Petro luce paralizada en el legislativo y a punto de colapsar,cuando se acerca a la primera mitad de su mandato.

En medio de ese panorama el gobierno se pega un tiro en el pie con el improvisado anuncio de una Asamblea Nacional Constituyente que en nada contribuye al trámite de las moribundas reformas sociales y sí enrarece aún más el ambiente político y las relaciones con el Congreso y las Cortes. Las reacciones no tardaron.

La única reforma que parecía contar con posibilidades de avanzar en el Senado, la pensional, se empantanó en la plenaria en medio de las constancias de los senadores sobre la Constituyente, votación de impedimentos y la incapacidad de avanzar en consensos sobre el propio texto. Nadie duda de la urgencia de reformar un sistema que hoy solo es capaz de ofrecer una vejez digna a 1 de cada 4 adultos mayores de 65 años, pero aún así la iniciativa se hunde lentamente en el Capitolio ante la mirada impotente de funcionarios del gobierno y senadores del Pacto Histórico, enfrascados con la oposición en duros e inútiles debates que nada tienen que ver con la suerte de los futuros pensionados.

En el caso de la salud la suerte parece echada con 9 de los 14 senadores de la Comisión VII firmantes de la ponencia que pide su archivo,tras sufrir accidentadas y desgastantes discusiones en la Cámara de Representantes. Nunca un gobierno tuvo tantas dificultades en el trámite de su agenda legislativa. Algunos señalan que por cuenta del permanente bloqueo de sectores de oposición y otros por la inflexibilidad de las posiciones oficiales,que impide cualquier posibilidad de consenso. Y ambos sectores tienen razón.

El gobierno no puede pretender que proyectos de tanta trascedencia se aprueben sin ceder en sus posiciones maximalistas,mientras que es justo reconocer que en el Congreso existen unas poderosas fuerzas de distintos partidos refractarias a cualquier cambio en la sociedad ,que implique avanzar en inclusión y equidad. Finalmente,la reforma laboral,que aún no inicia su debate en la Comision VII de Cámara,avanza a paso de tortuga y su aprobación se ve lejana e improbable.

Hace unos meses señalamos que la reforma a la salud iba a ser al gobierno Petro lo que las objeciones a la JEP significaron para el gobierno Duque. Lamentablemente el tiempo nos dio la razón. La obsesión presidencial por imponer una reforma que no cuenta con mayorías ciudadanas ni congresionales provoca ahora una crisis mayor con la inútil y estéril discusión de la convocatoria a una inviable Asamblea Nacional Constituyente que precipita el arranque de la campaña del 2026 y elimina cualquier posibilidad de que el gobierno avance con su agenda en el Congreso.

Entramos en una etapa de mayor radicalización del lenguaje en la que aparecerán desde las extremas los oportunistas del momento a pescar en rio revuelto, mientras los pacientes comenzarán a sentir el deterioro en su atención, los trabajadores se quedarán esperando que les devuelvan los derechos arrebatados por el gobierno de Uribe y seguiremos con uno de los sistemas pensionales más regresivos e injustos del continente. La agenda de reforma sociales de Petro,  tan necesaria para Colombia y que con algunos ajustes tenía grandes posibilidades de salir adelante, perdió su año clave para construir consensos.Y el gobierno acaba de propinarle su estocada final.