Los acelerados procesos de urbanización, el crecimiento demográfico y la compleja dinámica económica, para los países en vías de desarrollo, traen como consecuencia, situaciones que ponen en vilo la democracia, la gobernabilidad y demandan atención inmediata y estrategias de planificación urbana y ordenamiento territorial que se adapten a los contextos particulares y cambiantes. El aumento poblacional demanda un lugar donde vivir, y esta ocupación y asentamiento genera conflictos y más cuando ese territorio ya está habitado y grupos externos pretenden usurparlo como sucedió desde la conquista española o el conflicto armado en Colombia que despoja y desplaza por la fuerza a millones de colombianos.
Y uno de los principales conflictos y causa a su vez de más problemáticas, se origina en la desigualdad socioeconómica o mejor dicho la relación inequitativa entre los diferentes sectores económicos, donde la elite de turno se aprovecha de los recursos de los ciudadanos y no los invierten en las necesidades y materialización de los derechos colectivos, soslayando además las necesidades de la población rural, cuya falta de oportunidades sumadas al desplazamiento forzado los llevan a las ciudades donde no cuentan con un adecuado nivel educativo que les imposibilita acceder al mercado laboral, dedicándose a actividades ilícitas o a la informalidad.
Aunque resulte obvio, existe una clara relación entre violencia, conflicto y pobreza. De acuerdo al informe más reciente del Departamento Nacional de Estadística (DANE), los 5 departamentos más pobres de Colombia son: Bolívar, La Guajira, Chocó, Norte de Santander y Tolima, donde los principales componentes de los altos índices de pobreza multidimensional son la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, alcantarillado y saneamiento básico, electricidad, educación, salud, y la alta informalidad laboral. Componentes, que, dicho sea de paso, son primordiales en el ordenamiento territorial. Desafortunadamente, es en estos departamentos y varios de sus municipios donde el conflicto armado es más intenso, evidenciando la perversa relación entre pobreza y falta de acceso a las oportunidades.
Recientemente se viralizó en redes sociales el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en el 2022, donde 6 ciudades colombianas están en ese deshonroso rankin dentro de las cuales esta Cúcuta: Cali (AM) puesto 32; Santa Marta (AM) puesto 37, Buenaventura, puesto 43; Cartagena (AM) puesto 47; Palmira puesto 48, y Cúcuta (AM) puesto 49. Adicional a estos datos, este diario registra en primera página en la edición del viernes 1 de marzo, que, si bien bajó el desempleo, aumentó la informalidad, ubicando a Cúcuta en el tercer lugar a nivel nacional.
Al respecto y ante el deseo colectivo de todos los ciudadanos por materializar la paz, muchas de las apuestas claves se encuentran en el ordenamiento territorial y la adecuada planificación de la ciudad acorde a las dinámicas ambientales, económicas, culturales y sociopolíticas de los territorios y las regiones como condición indiscutible para concretar el ordenamiento basado en los ideales de la Constitución Política de 1991.
Si desde la academia se nos enseña y ahora enseñamos, que la principal apuesta de la arquitectura es brindar refugio bajo condiciones estéticas, técnicas y éticas, ese refugio es la vivienda y la ciudad de las cuales muchas personas carecen. Tanto por razones ambientales y ecológicas la inteligencia compartida de los arquitectos tiene su razón de ser en lo colectivo de la ciudad y siempre será más deseable dedicar talento y esfuerzos a las demandas de la población a mayor escala que dar gusto a necesidades individuales indiferentes a un paisaje construido donde se reconoce la crisis, que nos aflige, la cual no se resuelve ignorándola. Tarde o temprano los arquitectos nos debemos a la ciudad.
