En el Norte de Santander aumenta en forma grave la inseguridad y no existe ningún plan serio de las autoridades para enfrentarla. El gobierno nacional aparece distante e indiferente ante el drama que se vive en el Catatumbo, mientras las autoridades regionales y locales se limitan a las declaraciones de siempre, sin afrontar la dura realidad ni asumir una actitud fuerte de exigencia de medidas extraordinarias a las fuerzas militares y de policía. El ELN, las disidencias de las FARC y las bandas criminales cada vez hacen más daño a las comunidades y en el caso de Cúcuta la delincuencia común parece incontrolable y las autoridades locales paralizadas, incapaces de liderar una batalla por la seguridad. Es cierto que la inseguridad es una herencia del gobierno Duque, que nunca hizo nada en la región, pero no es menos que en estos primeros meses del nuevo gobierno la crisis de seguridad empeoró.

El asesinato del comandante de policía de El Tarra y el reciente atentado criminal con explosivos en Tibú, que afectó también la vida de civiles inocentes, deben generar una reacción contundente de las autoridades para pasar a la ofensiva contra los violentos. El comunicado del ELN, sentado con el gobierno en la mesa de negociaciones en La Habana, es cínico y descarado. Al reconocer la autoría del atentado y “lamentar” la afectación a los civiles, el Frente de Guerra Nororiental afirma con desfachatez: “El gobierno nacional está obligado a explicar al pueblo de la frontera el tipo de operaciones que vienen ejecutando los organismos de seguridad en el territorio que atentan contra los derechos humanos”. Y frente a semejante declaración, el Alto Comisionado de Paz responde con una frase desconcertante que “es un avance que la guerrilla del ELN reconozca su responsabilidad en los hechos”. Francamente una reacción incomprensible y débil ante una guerrilla envalentonada que se siente con el derecho no solo a cometer crímenes de esta naturaleza, sino a exigir explicaciones al estado y justificar su aberrante violación a los derechos humanos y el DIH.

Los nortesantandereanos todos debemos exigir del gobierno nacional la intervención integral del estado en momentos en que se vive una dramática crisis social en la zona, por cuenta de la ausencia de los compradores mexicanos de la pasta de coca y la caída vertical de su precio. Es una gran oportunidad para impulsar la implementación integral del acuerdo de paz, reactivar el programa de sustitución social de cultivos y arrebatar a las mafias las rentas que obtienen con el narcotráfico en la zona. Hay que golpear sus finanzas. El gobernador, los alcaldes, la bancada parlamentaria y las organizaciones sociales y gremiales, están demorados en preparar un plan desde la región que se pueda presentar en el menor tiempo posible al presidente Petro y su gobierno. Es urgente una cita de voceros regionales con el gobierno central para establecer una hoja de ruta de trabajo conjunto para enfrentar a los violentos, no solo con ofensivas militares.

La semana pasada el gobierno norteamericano expidió una circular advirtiendo a sus ciudadanos que tuvieran la máxima precaución al viajar a Colombia y prohibió expresamente visitar Arauca, Cauca y Norte de Santander. La inclusión de nuestro departamento en esa lista negra es una pésima noticia que espanta las posibilidades de desarrollo. En el caso de Cúcuta, además, aumentan los atracos y asesinatos en todas las comunas de la ciudad y no existe reacción alguna de la policía nacional y de la administración municipal. Se respira una sensación de miedo, parálisis e impotencia que no podemos aceptar. Hay que hacer algo señor gobernador y señor alcalde de Cúcuta. Lideren y propongan salidas a esta situación de emergencia, con la seguridad que contarán con el acompañamiento y respaldo de la ciudadanía hoy aterrorizada.

A todas estas, los candidatos a la alcaldía de Cúcuta y la gobernación deben explicarnos desde ya cuál es su propuesta para enfrentar la inseguridad, sin duda el más grave problema que tendrán que afrontar en su mandato.

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