El Sistema General de Participaciones (SGP) es el mecanismo por medio del cual el Gobierno Nacional transfiere recursos presupuestales a las regiones, lo que en teoría les daría más autonomía en un estado que la Constitución Nacional define como descentralizado. Digo en teoría, porque como ha mostrado Petro, el Estado Centralizado se reserva los mecanismos de entrega, de algo que debería ser automático. El Jefe del Gobierno Español, el socialista Pedro Sánchez dijo a los valencianos después de los estragos de la dana: “no pidieron”. Ese es el estado que les gusta a los progres, donde todos deben pedir al Señor y él en su magnanimidad, dar lo que crea conveniente.

Pues bien, hoy el Estado Nacional transfiere a las regiones un mísero 20% y hay un proyecto de ley que propone subirla al 39,5% y no de manera inmediata sino gradualmente hasta 2030. Esto generó una avalancha de críticas de exministros de hacienda y otros “investigadores” que advierten que eso implicaría once reformas tributarias adicionales o un disparo del endeudamiento.

Quienes crean modelos matemáticos de tópicos económicos o técnicos saben que el modelo depende del o de los supuestos. En el caso de la reforma al SGP, el supuesto de nuestros técnicos de Genios de Paja es que las transferencias son adicionales al actual presupuesto; es decir, “establecen” que el estado nacional debe ser grande y centralizado, por lo que ese mayor “gasto” habría que buscarlo adicional a lo actual. Los que presentaron la reforma tienen claro que este proyecto es de suma cero frente al presupuesto general de la Nación; que lo que se transfiera a las regiones se recorta del presupuesto actual. La ley busca reducir el gobierno nacional, el principio de la descentralización.

Pero lo preocupante, que he mencionado en muchas columnas, es que todo el espectro político colombiano es partidario de un estado gigantesco, hipercentralizado y de presidencia imperial. Eso no lo discuten, lo que buscan es como capturarlo. Porque parece que esa es la motivación política en Colombia: la captura del Estado. Por eso Petro ha podido en algo más de dos años acabar la salud, la educación, el sector de hidrocarburos, hacer el país otra vez rehén de los violentos y demás. Y lo hace porque el firma TODOS los cheques y decide a quien girar.

La descentralización es el antídoto a esa patología política, pero el principal oponente a eso, es la clase política colombiana. Así se explica que el país se haya “recentralizado” después de la Constitución de 2021; el Nobel recapturó centralmente las regalías de las regiones. Esa es la preocupación hacia 2026. ¿Estamos condenados a este modelo político, ya jurisprudencialmente protegido y supeditado a organismos multilaterales?

En otras latitudes se plantea la necesidad de reducir el Estado en general, porque los datos muestran que el tamaño del Estado y el crecimiento económico de un país son inversamente proporcionales. Colombia parece tener una tara con el modelo colectivista; es natural en Colombia que el Estado sea grande y se meta en todo. Por eso, fecode ha infectado a la juventud con una educación mediocre e ideologizada, los medios de comunicación apadrinados por el Estado han “orientado” también hacia el Progresismo y la Policía centralizada permite que la seguridad regional esté en manos del centro. La política colombiana se opone a una real descentralización, el verdadero camino al desarrollo sostenible.

En el nublado panorama político colombiano no se ve ninguna luz hacia un abandono del centralismo asfixiante y sus concomitantes estado filocolectivista y economía extractora de rentas. No hay un solo partido político o un líder nacional que tenga la descentralización como su bandera. Y mucho menos que proponga la reducción del estado y el fortalecimiento de la economía de mercado, la renuncia a la economía rentística, la restitución del orden interno y el abandono de la narcoeconomía.

Nuestros técnicos Son Genios con cola de Paja (SGP). Son defensores del “regimen”.

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