Siempre se ha dicho que los sistemas políticos están permanentemente en movimiento y cambio; lo que no es claro es la dirección de los cambios, el ritmo de los mismos y la participación de la sociedad en dichas transformaciones; hoy día tenemos un Gobierno que predica ser el ‘Gobierno del Cambio’ y sin duda que el actual Presidente aspira a que haya reformas importantes en diversos campos y busca que las mismas apunten a favorecer a sectores sociales históricamente excluidos y que incorporen un alto componente de participación social.

Los debates y tensiones surgen a propósito de la profundidad de dichas reformas –algunas aspiran a ser muy profundas, lo que genera preocupación y eventualmente oposición en sectores de la sociedad-, de la velocidad con que las mismas se deben tramitar –como se trata de un gobierno que tiene la convicción de ser cumplidor de la Constitución y por lo tanto pensarse en el horizonte de cuatro años, está trabajando para iniciar los procesos de reformas en varias dimensiones-, de involucrar a la sociedad en las mismas, especialmente a sectores o grupos sociales que tradicionalmente han sido excluidos –la participación promovida para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo es una buena muestra de esa voluntad-, del alcance de las mismas –el caso de la ‘Paz Total’ es una buena muestra de lo mencionado; acá la apuesta es ambiciosa y más allá de la dificultad de lograrla plenamente, la propuesta es intentar avanzar hacia una sociedad sin violencia-.
Podemos decir que las principales reformas se ubican en el campo de la salud, lo laboral, las pensiones, la educación, el inicio de la transición energética y la estructura tributaria que ya se tramitó en el primer período del Congreso. Está pendiente la de justicia, incluida la reubicación de la Policía y la normatividad para el sometimiento a la justicia de grupos armados organizados.

Ahora bien, estas reformas en una democracia implica tramitarlas en los espacios institucionales establecidos y dentro de los procedimientos previstos. Es verdad que el Presidente logró configurar una coalición en el Congreso que le ha garantizado gobernabilidad, y al frente del Senado y la Cámara de Representantes hay dos congresistas comprometidos a fondo con liderar el trámite de estas reformas, pero esto a su vez tiene un costo y es que el proceso de negociación alrededor de cada una de las iniciativas de reforma debe pasar por el tamiz de la búsqueda de acuerdos con las diferentes bancadas que reflejan a su vez diversidad de opiniones e intereses en sectores sociales, más allá de los partidarios que eligieron al Presidente, lo cual es un procedimiento normal en democracia, especialmente una de coalición, que hasta el momento ha funcionado adecuadamente, no exenta de normales tensiones.

El Presidente Petro está tratando de sacar adelante buena parte de sus propuestas de campaña y hasta el momento ha venido manejando razonablemente las relaciones con sus partidarios y con los aliados políticos; esperemos que el buen tacto político y el sentido de realidad le permita seguir adelantando su gestión en bien de los colombianos.