En los últimos años, y con mayor fuerza en estos meses, hemos sido testigos de una narrativa persistente impulsada por el Gobierno, el Pacto Histórico y sus precandidatos afines. Su consigna es clara: evitar a toda costa que la derecha regrese al poder, presentándola como la antítesis del progreso y la causa raíz de todos los males del país. Bajo este relato, la derecha no se trata como una postura política legítima, sino como una fuerza destructora de la cual el pueblo debe ser "salvado".

En Colombia se ha logrado algo insólito: convertir una postura ideológica en un estigma. Se ha vendido la idea de que pertenecer a la derecha —o simplemente no estar de acuerdo con el proyecto oficialista— es casi un delito moral. “Es de derecha” dejó de ser una descripción política para convertirse en una acusación. Pero ¿bajo qué lógica?

Ser de derecha no es un delito. No es ilegal creer en la economía de mercado, defender la propiedad privada o exigir una autoridad legítima que proteja a los colombianos de los bandidos. Tampoco lo es creer en la responsabilidad individual, en el valor de la familia, en el mérito como motor de movilidad social y en una solidaridad que combine apoyo social con oportunidades reales para progresar. Eso es pluralismo democrático.

Lo que sí es peligroso es instalar la idea de que quien no repite el libreto oficial es un "enemigo del pueblo". Esa simplificación reduce el debate a una caricatura moral: ellos son el bien; los demás, el mal.

Sin embargo, el daño más profundo que ha causado el presidente Petro es la división deliberada del país. Al fracturarlo entre derecha e izquierda, entre ricos y pobres, ha resucitado una lucha de clases que solo genera resentimiento. En lugar de convocar a un pacto social donde todos tuvieran cabida, decidió acusar de "depredadores" a quienes piensan distinto, autoproclamándose como el único intérprete de un "pueblo progresista".

Un país dividido no prospera. El desarrollo no se logra tildando de "facho" a todo el que disienta. Estoy convencida de que la gran mayoría de los colombianos queremos lo mismo: vivir mejor, tener oportunidades, seguridad, una salud que funcione y educación de calidad. La diferencia no está en el objetivo, sino en el camino.

¿Se logra el bienestar destruyendo el sector productivo o debilitando la inversión? ¿Se logra haciendo reformas que intentan arreglar un sector mientras devastan otro? ¿O se logra sentando a todos a la mesa para preguntar cómo hacemos para que todos ganen algo y nadie lo pierda todo?

Un proyecto serio de país exige equilibrio. Exige entender que el empresario no es el enemigo del trabajador y que el crecimiento y la equidad no son excluyentes. Colombia necesita menos trincheras y más acuerdos fundamentales; menos insulto ideológico y más construcción técnica; menos épica revolucionaria y más resultados concretos.

Por eso, de cara a lo que viene, me gustaría oír de los candidatos algo distinto. Me gustaría escuchar cómo piensan unir y no dividir; cómo generarán crecimiento con equidad y cómo harán reformas sin destruir la confianza. Gobernar no es solo ganar una elección para imponerse sobre la otra mitad; gobernar es lograr que incluso quienes no votaron por usted sientan que hacen parte del proyecto nacional.

Eso, hoy, es lo que más nos falta. Porque cuando la política deja de ser debate y se convierte en condena moral, la democracia se erosiona. Y eso debería preocuparnos a todos.

Colombia no es una caricatura de buenos contra malos, ni el futuro de una nación se puede escribir con el borrador del resentimiento. Las etiquetas políticas son pasajeras, pero las instituciones y la convivencia son lo único que nos queda cuando los discursos se apagan y la realidad se impone.

Es hora de recuperar una política donde pensar distinto sea un valor y no un estigma. Porque la verdadera justicia social no nace de ganar una guerra contra la otra mitad del país, sino de la capacidad de construir una nación donde todos, por fin, sintamos que cabemos.

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