Es común escuchar al Gobierno Nacional y candidatos presidenciales, en campañas celebradas desde que tengo uso de razón, incluso las actuales, decir que nunca debe haber territorios vedados para el Estado y que ahora sí se tendrá el control absoluto del país.
Esa frase fue pronunciada con mayor resonancia cuando se firmaron los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc, organización que estaba apoderada de varios departamentos. Dicha afirmación está lejos de ser una realidad, basta con echar una mirada al Catatumbo para comprobarlo.
Los habitantes de esa zona del departamento de Norte de Santander, que comprende unos once municipios, llevan 47 días asediados por una guerra desaforada entre dos grupos ilegales, el Eln y ‘los pelusos’, que no son otra cosa que disidencias del desmovilizado Epl.
Estos enfrentamientos no son nuevos, durante muchos años las disputas por el territorio han sido fuente de titulares de prensa, pero hasta el momento solo se está tratando con paliativos cuando el mal está en sus entrañas, por lo que allí converge.
Una región limítrofe con Venezuela, donde los delincuentes pueden pasar fácilmente y en caso de una reacción de la Fuerza Pública, refugiarse en el vecino país; que además se constituye en un corredor importante para el tráfico de estupefacientes, no solo por la facilidad que tienen para sacar la droga, también porque éste es un centro importante de cultivos ilícitos, con más de 25.000 hectáreas sembradas.
Paradójicamente esta guerra se incrementó después de la desmovilización de las Farc, que también hacía presencia importante en la zona, parte de su disidencia sigue allí buscando el control sobre el negocio del narcotráfico y alimentando la contienda entre ‘los pelusos’ y el Eln.
Lo grave es que el conflicto en el Catatumbo no tiene la atención que merece por parte de las autoridades y por eso en una situación que era previsible hoy se hace incontrolable. Los habitantes, que son los afectados por estar en el fuego cruzado, están dejados a su suerte, encerrados en sus parcelas como condenados a una detención domiciliaria por delitos de los cuales son víctimas.
Es tal el descaro de estas estructuras delincuenciales que decretaron un cese de tres días en el mal llamado ‘paro armado’ porque los habitantes ya no tenían suministros, pues no pueden salir ni a conseguir el alimento diario. Unas seis mil personas tuvieron que salir de su tierra, quedando en condición de desplazados.
Se requiere urgente, ahora sí, la presencia del Estado en el Catatumbo, para rescatar a los colombianos que están secuestrados en su territorio, erradicar un mal que tiene en jaque a las autoridades y sitiada la frontera de Norte de Santander con Venezuela.
