En la última semana el Presidente Petro cambió al Alto Comisionado de Paz y designó a su compañero de lucha armada Otty Patiño como nuevo encargado de La Paz total; se celebró el 7tho aniversario de la firma del acuerdo del Teatro Colón con un emotivo acto encabezado por el expresidente Santos y el ex comandante de las FARC Rodrigo Londoño; se anunció el restablecimiento de la Consejería del Posconflicto y la Corte Constitucional avaló la prórroga de la Ley 418, llamada “Ley de Paz Total”, pero tumbó varios apartes importantes que condicionan las facultades del gobierno y lo obligan a hacer ajustes a su estrategia de reconciliación

La suma de estos hechos constituye una oportunidad para que el Presidente y su equipo reflexionen sobre su política de Paz Total e introduzcan ajustes necesarios, en algunos casos obligatorios, tras el fallo de la Corte Constitucional que ha demostrado una vez más su independencia y autonomía, que contribuye a la fortaleza institucional del país y al equilibrio de poderes esencial en nuestra democracia.

En primer lugar el cambio de mando en el timón de La Paz es oportuno y conveniente. Se requería aire fresco en ese frente y Patiño sabe de negociaciones porque participó en ellas del lado del M19 frente al estado, se desarmó y reincorporó a la sociedad cumpliendo cabalmente sus compromisos y ha demostrado en la dirección de la mesa con el ELN capacidad, prudencia y carácter. Su única agenda a estas alturas es trabajar por La Paz y ayudar a su ex compañero del Eme.

El gobierno debería aprovechar este relevo para definir con claridad las responsabilidades del nuevo Comisionado y enmendar la equivocación de concentrar en esa oficina las múltiples y variadas negociaciones de paz y la propia implementación del acuerdo con las FARC. Garrafal error cometido al inicio de esta administración, que conduce a deficiencias evidentes en el cumplimiento en los territorios, que hacen daño a las posibilidades de cualquier acuerdo con el ELN. El nombramiento de alguien con rango y jerarquía suficientes para liderar la implementación integral y comprometer a todos los funcionarios, contribuiría a avanzar en La Paz Total. Sin el cumplimiento del acuerdo del Colón no tendrá posibilidades de éxito.

Y la semana cerró con un fallo serio y ponderado de la Corte sobre la ley de paz total o prórroga de la 418. La pretensión de tumbar toda la ley no prosperó, pero se hicieron ajustes oportunos. Establecer con claridad las diferencias entre negociaciones de paz con el ELN y la política de sometimiento a la justicia para las estructuras armadas ilegales de alto impacto y definir con claridad la competencia del Congreso para expedir el marco jurídico para su sometimiento a la justicia, contribuirá a organizar la política de paz total y dar mayor claridad a una ciudadanía que aún no la comprende y por tanto mantiene serias reservas frente a sus posibilidades de éxito.

Asimismo el fallo establece mínimas condiciones a la excarcelación de los integrantes de estos grupos y elimina la facultad del ejecutivo de liberar a miembros de organizaciones sociales por su condición de “voceros de paz”, que generaba enorme confusión. En resumen, la Corte ratifica que el jefe de estado tiene la competencia para definir su política de paz y convivencia y la forma de acercarse a los grupos armados ilegales, pero define unos condicionamientos que deben ser aplicados por la rama judicial.

En fin, el relevo en la oficina de paz, las conmemoraciones de un nuevo aniversario del acuerdo de paz y el fallo de la Corte Constitucional, deben servir para que se aproveche esta época navideña de reflexión y definición de propósitos para el 2024, para que el gobierno, sin abandonar su compromiso con La Paz, replantee su estrategia y defina un rumbo claro, en el cual el fortalecimiento de la seguridad en los territorios debe jugar un papel clave.