Con gran certeza afirma el columnista Miguel Gómez Martínez: “una de las frases más utilizadas en nuestro país es que es necesario buscar una salida negociada”. Que bueno fuera que esta frase se pudiera aplicar en nuestro país. En una sociedad civilizada sería un alto indicativo de madurez política, pero en un país como Colombia, dominado por la violencia, la corrupciòn y con una crisis institucional, una salida negociada merece un análisis cuidadoso.
En toda negociación son necesarios dos elementos básicos: (i) qué se negocia y (ii) con quién. Iniciemos, dice Gómez Martínez por el qué. Si la respuesta es el pliego de 82 billones presentado por el comité del paro, nada se puede hacer ante la peor crisis económica que estamos viviendo que se califica igualmente como la peor problemática fiscal de nuestra historia y por lógica no hay recursos para ese despropósito.
Pasando al segundo elemento -con quién- se pregunta el columnista ¿Serán los oportunistas y burócratas sindicales los verdaderos voceros de los que están en la calle? Ante lo expuesto debemos incluir que sin agenda a negociar y sin un interlocutor representativo válido, ¿qué salida negociada se está buscando? Si preguntáramos si negociar es siempre la salida, recibiríamos una respuesta afirmativa de los colombianos porque se interpreta que es la única alternativa diferente a la fuerza. No olvidemos que existe un escenario válido sobre asuntos que no son negociables, porque comprometen principios fundamentales. Hay temas que no admiten negociación. No se puede negociar el respeto por la ley ni la autoridad. Es innegociable la igualdad ante la injusticia, el uso de la fuerza legítima, la libertad de opinión y el respeto a la propiedad privada.
Los colombianos al buscar salidas negociadas a todos los problemas, hemos incurrido en graves errores al no considerar lo que estábamos entregando. Se negoció con Pablo Escobar su entrega a cambio de otorgarle el control de su propia carcel y desde allí pudo seguir delinquiendo. Bajo la presión de la guerrilla de las Farc se negoció la justicia y se dio impunidad a quienes habían cometido miles de crímenes contra la humanidad. Se ha negociado que los que no pagan impuestos tengan tratamiento favorable de amnistías y rebaja de intereses y sanciones. En algunas negociaciones hemos aprobado que algunas leyes no se cumplan para unos pero sí para otros. Ante tanta claudicación en las negociaciones anteriores, no nos extrañemos de la violencia y de la anarquía. Debe quedar claro que sí existe límite en las negociaciones, pues debe haber claridad que hay asuntos no negociables. Es vital identificar al enemigo que busca no trasformar sino liquidar 600 años de construcción del Estado de Derecho.
Ante la grave crísis económica que está viviendo el país a causa del Coronavirus y de los paros, es bueno recordar lo que decía el presidente Mariano Ospina Perez: “Los mejores economistas son la mayoría de las madres de familia que con escasos medios manejan la alimentación del hogar, pagan servicios públicos y hasta ayudan a vestir el monumento de Semana Santa”. Con gran sapiencia decían los abuelos: “hay que poseer lo básico y un poquito de lo supérfluo”. Y añadían: “se debe ser pobres con modestia y humildes sin miseria”.
Manifiesta el empresario Juan Alfredo Pinto: “Lo básico para un joven es poder obtener un empleo digno y así evita quedar en la deshonrosa condición de los Ninis”. El empresario propone para obtener las competencias que demanda el mercado laboral, el año doce para bachilleres recientes y estudiantes de grado 11. Serían 40 semanas sin costo para fortalecer la lectoescritura y disertación, matemáticas, bilingüismo, digitalización y desarrollo sostenible en comunidad. Se manejaría como un preuniversitario con la ayuda del SENA y sus laboratorios. Se haría un registro obligatorio con identidad y domicilio donde los empresarios podrían acudir para llenar sus vacantes. Después de oír las cifras sobre que el 35% de los trabajadores en la Argentina son sindicalizados y en Colombia ese número solo alcanza el 5% debemos preguntarnos ¿en nombre de quién hablan los promotores del paro que son directivos sindicales?