No nos llamemos a engaño: el presidente Petro tiene todo en sus manos para llevar al país a donde él quiere. La mayoría de los congresistas, convencidos o comprados, apoyarán sus caprichosos proyectos de reformas. La consulta popular es una estrategia electoral que, aprobada o no por el Senado, será su caballito de batalla en el que cabalgará hasta su triunfo electoral de 2026. Los lamentos y reproches de los que no están de acuerdo quedarán en los anales de las derrotas.
Como habrá un apagón generalizado, tenemos que prepararnos con velas para alumbrarnos. Sin combustibles fósiles, debemos cambiar los autos por caballos. Como volveremos al trueque, ya los billetes sólo servirán para reemplazar el papel higiénico. Tendremos que cocinar con leña. Las autopistas y carreteras pavimentadas serán ocupadas por habitantes sin vivienda, como ocurrió con las redes ferroviarias.
Lo que sobreviva del sistema de salud será atendido por médicos cubanos que se gradúan con dos años de estudio. La falta de teléfonos será suplida por señales de humo para las comunicaciones de larga distancia. Las edificaciones escolares serán el alojamiento de los petristas que viajarán por el país para asistir a manifestaciones, como en Venezuela. Ya lo vimos en la Universidad Nacional.
Todo esto, que puede parecer un chiste, se deduce de la forma politiquera como se gasta el presupuesto nacional. Por ejemplo, el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas escribió en una de sus columnas: “En el gobierno Petro (desde el 8 de agosto de 2022 hasta la semana pasada) se han registrado más de 1’800.000 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo bajo la modalidad de contratación directa, por un valor de $ 59,4 billones –es decir, millones de millones– de pesos”.
Además, los multimillonarios contratos que se asignan a fanáticos para que asistan a manifestaciones de apoyo; a los amigos y familiares de los jerarcas del régimen; a una ONGS desconocidas. Los lujosos viajes oficiales, el despilfarro en eventos populistas y los inmensos robos en las entidades oficiales hacen que no alcance el dinero para la salud de los colombianos; para el sistema eléctrico; para los concesionarios de carreteras; para las fuerzas armadas. Es decir, para el bienestar de la Nación que se confunde ahora con el bienestar de los actuales gobernantes.
Otro ex ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirma en su columna que “la deuda pública del Gobierno Nacional es del 60% del PIB… y si no hay un ajuste fiscal, alcanzará el nivel más alto de nuestra historia” También afirma que “Es esencial que se haga un recorte sustantivo del déficit. Ello exige tanto una estimación correcta de los ingresos tributarios como un recorte significativo de los gastos”. Y concluye que “El recorte tiene que ser considerable: del orden de 40 billones de pesos de acuerdo con Fedesarrollo y el Comité Autónomo de la Regla Fisca.”
Pero estos análisis poco importan al señor Petro quien no llegó a la presidencia para gobernar sino para disfrutar del poder; Y porque, según su ex canciller Leyva, puede tener serias limitaciones para ejercer con claridad mental su alta investidura.
ramirezperez2000@yahoo.com.mx
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