Ante las guerras desatadas en diversas partes del mundo por la disputa de territorios, las amenazas de otros países, la confrontación entre diversas etnias, y la imposición de creencias religiosas, cabe preguntarse cuál es la razón para que Colombia sufra una permanente y sangrienta refriega extendida por el país sin que obedezca a alguna de esas causas.

La degradación moral se ha apoderado de nuestra sociedad con la secuela necesaria de la tolerancia al delito. Si se critica a los que roban desde los puestos públicos se responde que todos han robado; si se habla de la inoperancia de las agencias del Estado, se reposta que siempre ha sido igual; y si se cuestiona la venalidad de los jueces se asegura que eso ocurre hasta en las altas cortes. Lo mismo se puede argumentar para la conducta de los ciudadanos en general.

Pero no podemos dejar de lado esta grave situación sin hacer un esfuerzo por entender su origen y, al menos, intentar unas ideas para corregirla. No cabe duda de que el auge del narcotráfico desde la década de los setenta del siglo pasado influyó de manera perversa en la conducta de los ciudadanos que se deslumbraban con la riqueza fácil. Con agrio humor se decía que el sueño de todos era encontrar un narcotraficante para venderle las propiedades.

Y la política, que es el medio para conformar los órganos del poder público, también ha caído en una peligrosa deshonra por la conducta incorrecta de muchos de sus protagonistas. La casi inexistencia de partidos políticos hace que los cuerpos colegiados sean, casi por completo, asambleas de individualidades que obtienen sus curules como fruto de empresas electorales propias. En numerosos casos, los elegidos tienen como principal objetivo hacerse reelegir y, en segundo lugar, ganar beneficios personales.

El actual sistema electoral colombiano se ha formado con leyes inmediatistas para resolver problemas coyunturales, de manera que subsisten disposiciones antiguas con nuevas, y con normas constitucionales que hacen difícil su interpretación y aplicación. El más grave defecto que acusa es la proliferación de partidos creados a la luz de la Constitución de 1991, sin una adecuada organización, que los ha convertido en unos simples expedidores de “avales” para candidatos que no comparten ninguna ideología y ni siquiera adquieren una dependencia jerárquica con ellos.

Por supuesto, los gobiernos, que generalmente adquieren el poder público por coaliciones provisionales, obtienen la aprobación de sus proyectos en las cámaras por un intercambio personal de favores lo que ahonda la corrupción.

Pero la verdadera tragedia colombiana es que con órganos del poder público envilecidos no hay una represión legal de los delitos; no opera eficientemente la administración de justicia; los dineros ilícitos financian sin límite a políticos inescrupulosos; los delincuentes se cobijan con aparentes ideas políticas y son acogidos en negociaciones sin brújula.

Lo que impera es la violencia de los narcotraficantes que se han apoderado del país; de los mineros ilegales que se enriquecen a costa de la destrucción de ríos y bosques; de los extorsionistas, los contrabandistas, los tratantes de mujeres… En Colombia no hay una guerra generada por ningún principio: hay una anarquía a la que todos hemos contribuido por acción u omisión.

ramirezperez2000@yahoo.com.mx

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