Todo país democrático goza de las 3 ramas del poder público, cuales son, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, cuando un presidente es ungido para tan alta dignidad, se espera como mínimo que sea una persona imparcial, recta y transparente, aspectos estos que desconoce olímpicamente el presidente, quien con su actuar polariza más al país, generando intromisión indebida en las otras ramas.

En el caso concreto del sistema de salud, desconoció que iba a ser la ley marco del mismo, ordenando su tramitación como ley ordinaria, para evitar la forzosa revisión por parte de la corte constitucional, lo que constituye error garrafal, por las demandas que generará tal caso por tan nefasto proceder.

Le asiste la razón al presidente que el sistema de salud debe ser mejorado, pero no significa un cambio radical cuando nuestra salud goza de la logística organización, implementación por parte de las EPS, que cuenta con más de 23 millones de usuarios de régimen contributivo y quienes no gozan de este servicio cuentan con el Sisbén cuyos usuarios son atendidos en las mejores clínicas del país.

Ha expresado públicamente que si no le aprueba el congreso su proyecto, cambiará el sistema por medio de decreto, en claro desconocimiento de las garantías democráticas.

No contento con ello, no cancela oportunamente los pagos a las EPS y clínicas lo que genera el incumplimiento de obligaciones salariales, administrativas, lo que podría traducirse en un verdadero caos en materia de salud, similar en lo aconteció en Venezuela.

Hoy se critica duramente por especialistas y personas de alto nivel intelectual lo que sería destruir el sistema de salud.

También hay escases de drogas psiquiátricas, y ayer salían en el periódico La Opinión que escasean los fármacos de alto costo.

Esta peligrosa actitud avalada por algunos congresistas, el uso de la mermelada y actos afines, desconocerán rampantemente la función social que deben tener estos para buscar el beneficio del pueblo y no que se dedican a buscar intereses personales.

Ese conjunto de errores solo genera zozobra, angustia entre los pacientes pese a ser un tema tan delicado, en el cual el propio estado es el que debe salvaguardar con sus proyectos tan importante función.

Esa demora en el pago acarrea demora en la contratación de personal especializado, demora en el otorgamiento de las citas, todo ello con el propósito de atacar frontalmente las EPS, cuando realmente la función esencial sería cambiar y mejorar aquellos aspectos que presentan fallas, al tiempo que se debe fortalecer los aspectos positivos pues se está jugando con la salud y la vida de 50 millones de colombianos.

Ciertamente, todo cambio genera temor, pero desconocer la trascendencia del sistema de salud, se traduciría en un caos total, y no se puede jugar con el bienestar de todas las clases sociales.

Esa demora en otorgar citas, genera desatención oportuna de los postoperatorios, así como pretende destruir la confianza en el sistema de salud nuestro por intereses mezquinos contra el pueblo colombiano. 

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